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La batalla contra el abandono: el calvario de las personas con discapacidad ante los recortes de Milei en Argentina

Publicadojue, 19 nov 2026, 8:45 a. m.
La batalla contra el abandono: el calvario de las personas con discapacidad ante los recortes de Milei en Argentina

En medio del severo plan de ajuste fiscal promovido por la administración de Javier Milei en Argentina, la comunidad vinculada al sector de la discapacidad enfrenta uno de sus momentos más críticos. Familias, terapeutas y prestadores denuncian que la combinación de recortes presupuestarios, congelamiento de aranceles y una retórica oficial hostil ha colocado a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad, empujando a muchos a un aislamiento forzado por falta de recursos básicos.

Una de las voces más representativas en esta causa es la de la reconocida actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, un adolescente diagnosticado con autismo profundo. Bassi, quien se convirtió en una de las portavoces del colectivo, ha denunciado el progresivo desmantelamiento de los programas de contención pública e institucional tras décadas de conquistas sociales. La crisis comenzó a agudizarse cuando el arancel regulatorio —conocido como el nomenclador único, el cual fija los pagos a centros de día, escuelas especiales, fonoaudiólogos y transportistas— se mantuvo congelado frente a la inflación, empujando al cierre a decenas de instituciones asistenciales.

Un debate cruzado por la polémica y la desregulación

El descontento del sector no solo responde a cuestiones económicas, sino también a medidas institucionales que generaron indignación ciudadana. A inicios de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó la resolución 187/2025, en la que se utilizaron términos derogados y denigrantes como «idiotas», «imbéciles» o «débiles mentales» para categorizar a solicitantes de pensiones por invalidez, decisión que la entidad debió revocar tras una oleada de repudio popular. A esto se sumaron los intentos del ministro de Salud, Mario Lugones, de flexibilizar el nomenclador único, lo que según los denunciantes buscaba favorecer a las empresas de medicina privada permitiéndoles fijar coberturas a la baja.

De forma paralela, el Ejecutivo impulsó una auditoría masiva sobre más de un millón de pensiones otorgadas en las últimas décadas, argumentando sospechas de fraude e irregularidades administrativas. Funcionarios del círculo íntimo gubernamental, como el ministro de Economía Luis Caputo, llegaron a cuestionar públicamente el volumen del padrón. No obstante, organizaciones de derechos humanos y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aclararon que el incremento histórico respondió a reformas normativas que facilitaron el acceso legítimo a derechos universales, rechazando la criminalización generalizada del padrón.

La resistencia ciudadana y el camino en el Congreso

El conflicto se agravó con la revelación de un escándalo de corrupción dentro de la propia ANDIS, que derivó en el procesamiento judicial de su extitular, Diego Spagnuolo, investigado por presuntas solicitudes de sobornos a laboratorios y farmacéuticas para la asignación de contratos públicos.

A pesar de los tropiezos y del veto inicial del presidente Milei a una ley previa de emergencia —que fue ratificada por dos tercios del Congreso en un hecho parlamentario histórico—, la constante movilización de familiares en las calles y la reciente visita del papa Francisco aceleraron las negociaciones. El Senado argentino debate la aprobación de la «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», una iniciativa que busca garantizar la actualización mensual de las prestaciones conforme al costo de vida y blindar el acceso a la salud para los sectores más vulnerables.

Para Bassi y miles de madres y padres en Argentina, el tiempo apremia. Advierten que cada mes de retraso en tratamientos y terapias de estimulación representa un retroceso irreversible en el desarrollo y la autonomía de una generación que no puede esperar las soluciones burocráticas del Estado.