La carrera por la electrificación: el dilema de América Latina frente a la meta global del 35×35

En el marco de las negociaciones de la 31 Conferencia de las Partes (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, la comunidad internacional ha puesto sobre la mesa una ambiciosa meta: la iniciativa voluntaria «35×35», promovida por la presidencia de la cumbre y respaldada ya por más de 75 países, entre ellos Brasil a través de su ministro de Medioambiente, João Paulo Capobianco. El plan busca que el 35 % del consumo final de energía a nivel global provenga de fuentes eléctricas para el año 2035, un salto considerable frente al 23 % actual registrado por la Agencia Internacional de Energía. No obstante, para América Latina, sumarse a este acelerador climático plantea una encrucijada llena de contrastes.
La paradoja energética regional
A primera vista, la región ostenta una posición de privilegio: el 66 % de su electricidad procede de fuentes limpias, sostenida principalmente por la hidroelectricidad y con una participación creciente de la energía eólica y solar, que rondan el 10 % cada una. Sin embargo, este dato oculta una brecha estructural profunda: la electricidad apenas cubre alrededor del 20 % de la demanda energética total de la región. El 80 % restante, concentrado en el transporte y la gran industria, continúa anclado al consumo de derivados del petróleo y otros combustibles fósiles.
Especialistas advierten que sustituir ese parque energético no será automático ni sencillo. Wilmar Suárez, analista sénior de Ember, subraya que para materializar este cambio, la electricidad debe ser sustancialmente más económica que los combustibles fósiles a los que pretende desplazar. Por su parte, Francisco José Boshell, experto del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), recalca que la región no está rezagada per se, pero sus sectores productivos y de movilidad han estado históricamente atados a tecnologías fósiles.
Redes saturadas y una factura billonaria
El despliegue tecnológico se estrella contra barreras financieras y de infraestructura física. Según cálculos de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía (Olade), alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050 demandará elevar la capacidad de generación en unos 1,000 gigavatios (GW), lo que requerirá inversiones estimadas en 1.5 billones de dólares. Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que electrificar flotas de autobuses urbanos exige un costo de inversión inicial 33 % superior al de renovar unidades diésel o de gasolina.
A ello se suma la congestión de las redes de transmisión. En Brasil, donde cerca del 89 % de la electricidad es limpia, existen unos 93 GW de capacidad instalada que no han podido conectarse al sistema por falta de líneas de transmisión y almacenamiento. Diana Barba, coordinadora de diplomacia energética de Transforma, advierte que debido a estos cuellos de botella se está «desperdiciando» valiosa energía renovable en diversos puntos del continente.
Industria pesada y el peligro de la trampa fósil
El avance de la transición marcha a dos velocidades. En el transporte ligero, el parque de vehículos electrificados se multiplicó casi por diez entre 2022 y 2025, proyectándose que para 2050 represente entre el 27 % y el 50 % de la flota de pasajeros. En contraste, la industria pesada —responsable del 28 % del consumo de energía regional— enfrenta complejidades térmicas severas: mientras las bombas de calor atienden procesos de alimentos y bebidas, sectores como el acero y el cemento requieren calor a temperaturas extremas que aún no son viables de sustituir masivamente sin tecnologías nacientes como el hidrógeno verde. Ante esto, Cecilia Springer, investigadora de la Universidad de Boston, sostiene que sin una intervención y regulación estatal decisiva, las industrias difícilmente asumirán el costo del cambio por cuenta propia.
El mayor riesgo a corto plazo radica en cómo se satisfaga esta nueva demanda de energía. Rosana Santos, directora ejecutiva del Instituto E+, alerta que electrificar sin una planificación orientada al abandono de los combustibles fósiles podría derivar en la construcción de nuevas plantas térmicas, provocando un efecto contraproducente y costosos activos varados. Todo esto sin olvidar la deuda social interna: alrededor de 17 millones de latinoamericanos aún carecen de acceso a un servicio eléctrico básico, marcando la urgencia de que esta transformación sea justa, inclusiva y capaz de abaratar los costos para toda la población.