La ciudad mediterránea de Antalya, Turquía, se convirtió este lunes en el epicentro de la diplomacia ambiental con la apertura de la COP31. No obstante, el arranque de la conferencia estuvo marcado por un retraso de hora y media y fuertes discrepancias preliminares, en un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó a los líderes globales abandonar la retórica y «ponerse serios» ante la intensificación del calentamiento global.

El inicio de las deliberaciones llega tras un año de devastación climática sin precedentes, evidenciado por olas de calor extremas en Europa, gigantescos incendios en Indonesia y el letal colapso glaciar en Nepal, fenómenos exacerbados por el impacto de El Niño. La jefa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, alertó que los indicadores están «fuera de lo común» y muy próximos a sobrepasar la barrera crítica de los +1,5 ºC establecida en el Acuerdo de París. Frente a este panorama, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la humanidad ha cruzado el umbral hacia una nueva era de extremos climáticos, exigiendo acelerar el abandono paulatino de los combustibles fósiles y garantizar recursos económicos a las naciones en desarrollo.

La manzana de la discordia: la financiación climática

El principal obstáculo en la jornada inaugural giró en torno a la inclusión formal de la financiación en la agenda oficial. Jasper Inventor, portavoz de Greenpeace en el evento, describió el arranque como un «comienzo difícil», producto de debates que se extendieron hasta altas horas de la madrugada previa.

Bajo los tratados internacionales vigentes, las economías industrializadas tienen la obligación de respaldar financieramente a los países del Sur global en su transición ecológica y mitigación de desastres. Sin embargo, las metas siguen lejos de cumplirse: el Fondo de Pérdidas y Daños, aprobado en 2022 para socorrer a las zonas más vulnerables, apenas acumula 474 millones de dólares frente a los 2,800 millones requeridos con urgencia. Del mismo modo, sigue en el limbo el compromiso pactado en la COP29 de Bakú para movilizar 300,000 millones de dólares anuales hacia 2035.

Ausencias clave y metas energéticas sobre la mesa

El encuentro, que reunirá a cerca de 100,000 participantes y delegaciones de casi dos centenares de países hasta el próximo 20 de noviembre, contará con mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Sin embargo, resalta la ausencia total de representantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, un vacío de peso considerando que Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a escala global.

Bajo una presidencia compartida entre Turquía y Australia, esta edición busca esquivar las grandes declaraciones políticas para concentrarse en metas prácticas de carácter voluntario. Entre las propuestas sobresale el plan para elevar la cuota de la electricidad en el consumo energético mundial del 23% actual a un 35% para 2035. A pesar de su atractivo en plena volatilidad de los precios del crudo, la iniciativa anticipa choques entre la Unión Europea —que exige fuentes renovables sin carbón ni hidrocarburos— y los bloques petroleros, reacios a firmar cualquier documento que decrete el fin definitivo de los combustibles fósiles.