El drama migratorio que sacude a la región continúa mostrando su rostro más vulnerable: la infancia. Durante los primeros nueve meses de este año, los menores de edad representaron el 21 % de los migrantes en tránsito irregular por territorio colombiano, sumando cerca de 16,000 niños, niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad. Entre las nacionalidades que marcan este flujo sobresale la presencia de ciudadanos dominicanos, quienes junto a migrantes de Venezuela, Ecuador y Perú integran la mayor parte de las 77,563 personas en tránsito registradas en ese periodo.

Un recorrido marcado por políticas más severas

Este fenómeno transcurre en medio de un contexto restrictivo impulsado por el endurecimiento de los controles fronterizos y el incremento de deportaciones desde destinos clave como Estados Unidos, Chile y España. Aunque el volumen total de migrantes en tránsito experimentó una reducción del 37.3 % respecto al mismo tramo del año anterior, las alertas humanitarias se mantienen encendidas. Un dato revelador sobre la complejidad de esta travesía es el denominado «flujo inverso»: cerca de mil niños se vieron forzados a retornar desde Panamá hacia Colombia tras ver truncado su avance hacia el norte del continente.

Frente a este escenario, los organismos de derechos humanos advierten sobre la urgencia de fortalecer los esquemas de protección y mantener un enfoque prioritariamente humanitario, optimizando los mecanismos de recepción, acompañamiento y asistencia a las familias deportadas que quedan a la deriva.

Doble impacto: conflicto armado y clima en territorio colombiano

La travesía de estos migrantes extranjeros coincide con una severa crisis interna en Colombia. En lo que va de año, los desplazamientos forzados derivados del conflicto armado han golpeado a casi 25,000 personas, una situación agravada por sequías vinculadas al fenómeno de El Niño en áreas rurales. A esto se suman 73 eventos de confinamiento que han restringido la movilidad de unas 85,000 personas, principalmente en regiones estratégicas como Chocó, Cauca y Putumayo, donde operan disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Clan del Golfo.

Este complejo escenario reafirma la condición de Colombia como uno de los epicentros del desplazamiento forzado a nivel global —solo superado por Sudán—, sumando más de 7.2 millones de desplazados internos y convirtiendo su territorio en una de las rutas más desafiantes y peligrosas para las familias caribeñas y sudamericanas en movimiento.