El gobierno de El Salvador dispuso el despliegue inmediato de un contingente de tropas especiales en territorio haitiano, con el objetivo de encabezar las labores de búsqueda y rescate de cuatro soldados salvadoreños adscritos a una misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los uniformados desaparecieron tras ser emboscados por estructuras criminales fuertemente armadas en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, ubicada en la periferia de Puerto Príncipe.

El operativo se desarrolla bajo la coordinación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional de Haití. De acuerdo con informes expuestos ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el representante estadounidense Mike Waltz, el convoy blindado en el que se trasladaban los efectivos fue atacado con ráfagas continuas de fusilería y artefactos explosivos mientras regresaba de abastecerse en un mercado local. Las autoridades mantienen la hipótesis de que los cuatro militares —quienes se desempeñaban como técnicos aeronáuticos para evacuaciones médicas y no como tropas de combate— continúan con vida.

Firme respuesta y advertencia de Bukele

Frente al hecho, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, reaccionó de forma tajante a través de sus canales oficiales, encarando las críticas sobre su intervención y desestimando a quienes dudan del alcance de su estrategia de seguridad en el exterior. Bukele calificó el accionar de las pandillas haitianas de «satánico» y advirtió, incluso mediante mensajes redactados en criollo haitiano, que desarticulará a estas estructuras tal como lo hizo en su nación si los efectivos no son liberados inmediatamente.

Un panorama de violencia extrema e inestabilidad

El incidente agrava aún más la delicada coyuntura de Haití, país inmerso en una espiral de descontrol institucional y violencia generalizada. Recientemente, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la crisis en su sesión 10246 —con la presencia de delegaciones de República Dominicana y México—, donde se condenó enérgicamente el ataque contra las fuerzas salvadoreñas.

La situación sobre el terreno sigue siendo crítica:

• Déficit operativo: La GSF apenas cuenta con unos 2,000 agentes de seis países, lejos de la meta proyectada de 5,500 uniformados para respaldar a la policía local.
• Alarmante saldo de víctimas: Entre julio y septiembre se computaron cerca de 1,000 homicidios y más de un centenar de secuestros, acompañados por un recrudecimiento de la violencia sexual y la expansión de grupos armados en regiones estratégicas como Artibonite y Gressier.
• Parálisis política: La postergación indefinida de los comicios programados para diciembre prolonga un vacío democrático vigente desde 2016 y agudizado tras el magnicidio de 2021.