La espiral de inseguridad que azota a Haití ha alcanzado un nuevo y alarmante umbral. Las estructuras criminales que dominan amplias zonas del país han reorientado sus operaciones hacia objetivos de alto perfil, recurriendo a raptos selectivos y secuestros masivos en un momento crítico donde la nación caribeña intenta organizar sus postergadas elecciones presidenciales.

Objetivos de alto nivel y temor generalizado

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas, al menos 81 personas fueron raptadas entre abril y junio, lo que representa un repunte del 42% frente al primer trimestre del año. Lo que más preocupa a analistas y autoridades es la jerarquía de las víctimas. Entre los casos recientes figura James Boyard, inspector general de la Policía y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, secuestrado a plena luz del día en Bourdon, una zona históricamente catalogada como de bajo riesgo en Puerto Príncipe.

A este hecho se suman los secuestros del prominente abogado Caleb Jean-Baptiste y de Stéphanie Paultre, directora general de la Oficina Nacional de Colaboración en Educación (ONAPE). Gran parte de estas acciones no trasciende formalmente a las autoridades debido a que los familiares temen represalias directas o un encarecimiento de los rescates exigidos. No obstante, la desesperación ha llevado a iniciativas públicas inusuales, como la colecta de fondos organizada por el jurista Dorime Boulos para intentar salvar la vida de Jean-Baptiste tras admitir la imposibilidad de reunir el monto exigido por los captores.

Las elecciones como acelerador del conflicto

El vacío institucional que persiste desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 continúa alimentando la crisis. Investigadores de organismos internacionales advierten que la proximidad de un proceso electoral no calma las aguas, sino que funciona como un detonante. Romain Le Cour Grandmaison, especialista de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, subraya que cada captura de alto calibre busca presionar a los actores políticos y exhibir la incapacidad operativa del Estado para salvaguardar a sus propios funcionarios.

Además, los patrones delictivos evidencian un peligroso nivel de infiltración: las bandas armadas utilizan uniformes oficiales, vehículos con matrículas falsificadas o legítimas y datos de inteligencia que apuntan a la complicidad de malos elementos en los cuerpos del orden.

Golpe a las comunidades y respuesta gubernamental

El fenómeno no se limita a figuras públicas; los raptos masivos continúan desarticulando comunidades enteras. Durante los últimos meses, incursiones armadas en zonas tradicionalmente tranquilas como Kenscoff dejaron decenas de muertos y más de 70 personas capturadas, mientras que en Petite-Rivière cientos de residentes fueron retenidos como escudos humanos en represalia por operativos policiales.

Ante este panorama, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, reiteró ante foros internacionales que la seguridad es la prioridad absoluta de su administración. El gobierno avanza en la formación de 4,000 nuevos agentes policiales y 1,500 soldados, con la meta de incorporar 15,000 efectivos en un plazo de tres años, además de crear unidades especializadas en negociación de rehenes.

A la par, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la fuerza multinacional de apoyo, liderada actualmente por cerca de 1,600 efectivos. Según Daniela Kroslak, responsable de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití, se proyecta duplicar dicho contingente en los próximos meses, en un intento urgente por devolverle la estabilidad a un pueblo que exige resultados tangibles frente a la impunidad de las pandillas.