El Ministerio Público de Perú dispuso el archivo definitivo de la investigación penal sobre las esterilizaciones forzadas perpetradas contra más de cuatro mil mujeres durante la década de 1990, bajo la administración de Alberto Fujimori. La resolución, emitida por la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos, extingue la responsabilidad penal de 52 personas investigadas, entre las que figuran los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y el actual legislador Alejandro Aguinaga.

Un cerrojazo judicial amparado en la Ley 32107

A pesar de que el dictamen fiscal reconoce expresamente que las intervenciones quirúrgicas no consentidas cumplen con los criterios internacionales de crímenes de lesa humanidad al responder a una política estatal sistemática, la causa fue desestimada en aplicación de la Ley 32107. Dicha norma, aprobada en 2024 e impulsada por el partido Fuerza Popular, establece la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos con anterioridad a julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma en territorio peruano.

Desde los sectores oficialistas y la defensa de los imputados se sostiene que nunca existió una directriz gubernamental para forzar procedimientos médicos, describiendo los hechos como parte de un plan sanitario reproductivo. Por el contrario, los testimonios de las víctimas, en su gran mayoría mujeres indígenas de comunidades andinas en situación de extrema vulnerabilidad, relatan presiones institucionales, engaños y secuelas irreversibles que marcaron sus vidas y derivaron en desenlaces fatales para varias de ellas.

Rechazo ciudadano y pugna internacional

La decisión del Ministerio Público ha provocado una ola de indignación entre los colectivos de afectadas y las entidades de derechos humanos. Representantes legales de las víctimas ya han formalizado recursos de apelación ante las instancias superiores y no descartan acudir nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo que en fallos anteriores condenó la responsabilidad del Estado peruano por estas prácticas de control demográfico.

El cierre del caso reaviva la tensión entre el ordenamiento jurídico interno y los compromisos internacionales de Perú. Mientras que magistrados de altas cortes nacionales defienden la primacía de las leyes de prescripción locales, defensores de garantías fundamentales advierten que esta medida consolida un escenario de impunidad frente a graves violaciones humanitarias que aún esperan reparación.