El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha elevado sustancialmente la presión sobre las autoridades electorales de California al ordenarles identificar y apartar los votos emitidos por correo de presuntos no ciudadanos. La directiva federal incluye una severa advertencia: aquellos funcionarios que procedan a sabiendas con el conteo de estas boletas podrían enfrentar responsabilidades penales de carácter federal, intensificando el debate sobre la integridad del padrón y las denuncias de fraude electoral promovidas por la administración del expresidente Donald Trump.

Presión legal directa a los condados

A través de comunicaciones formales enviadas a diversos condados, la fiscalía federal instó a las autoridades locales a coordinar esfuerzos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar la ciudadanía de los electores señalados en listas gubernamentales. En una misiva remitida a los encargados electorales del condado de San Bernardino, el fiscal adjunto Bill Essayli advirtió que el conteo deliberado de sufragios correspondientes a personas catalogadas como no ciudadanas por agencias federales colocaría a los funcionarios al borde de la complicidad penal.

Esta ofensiva sigue a una intimación previa del subsecretario de Justicia interino, Trent McCotter, quien otorgó un plazo perentorio de 48 horas al condado de Los Ángeles y a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, para contrastar un registro federal entregado en dispositivos de memoria encriptados. Dicho archivo contiene miles de nombres de votantes cuya elegibilidad ciudadana el gobierno federal considera dudosa, exigiendo la segregación cautelar de más de 20,000 sufragios mientras el caso escala hacia el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

La respuesta local y el debate sobre la verificación

Frente a las exigencias federales, los administradores electorales locales han defendido la validez de los procedimientos establecidos. Dean C. Logan, secretario y registrador del condado de Los Ángeles, enfatizó que la depuración del censo electoral debe regirse estrictamente por información fehaciente y comprobable, y no por cruces de bases de datos preliminares que carezcan de confirmación legal.

Las alertas emitidas por las agencias federales han enfrentado fuertes críticas debido a discrepancias previas. Casos como el de Nevada ilustran la fragilidad de estos cotejos: de un listado preliminar de casi 16,000 votantes presuntamente no ciudadanos informado inicialmente por el DHS, la revisión exhaustiva posterior demostró que las personas evaluadas contaban con la debida ciudadanía estadounidense, desvirtuando los hallazgos preliminares.

Repercusiones políticas a nivel federal

El avance judicial del Departamento de Justicia también repercute en otros estados clave, como Alaska, donde la certificación de contiendas legislativas de alta relevancia permanece bajo estricta observación federal. En el Capitolio, la maniobra ha generado duras reacciones; el senador demócrata por California, Alex Padilla, calificó las medidas como intentos infundados de intimidación institucional, asegurando que las dependencias federales carecen de competencia para alterar arbitrariamente el desarrollo de los comicios locales sin evidencias concluyentes.