El debate migratorio en Estados Unidos vuelve a encenderse tras un violento episodio ocurrido en la capital de Texas. Wilber Rafael Garcés Pérez, un joven venezolano de 28 años que laboraba como repartidor para la plataforma DoorDash, denunció públicamente que continúa bajo custodia federal con una bala alojada cerca de la columna vertebral y sin el debido tratamiento para mitigar su dolor, luego de ser herido de gravedad por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los hechos se desencadenaron en las calles de Austin cuando el vehículo de Garcés Pérez fue embestido por una unidad oficial. Desde el centro de detención de Pearsall, y a través de una llamada telefónica amplificada durante una conferencia de prensa liderada por su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, el afectado relató momentos de absoluta angustia: “Me siento mal. Tengo la bala ahí adentro todavía y no he recibido la atención necesaria”. Su representación legal denunció que el joven debió dormir en el suelo y sin analgésicos, desmintiendo además la postura oficial al precisar que su cliente ingresó legalmente al país y dispone de un permiso laboral vigente.

Versiones encontradas sobre el operativo

El incidente ha generado profundas contradicciones entre las autoridades federales y la víctima. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene en sus reportes preliminares que el hombre entró irregularmente al territorio y habría intentado escapar a pie tras ser confrontado, la versión de Garcés expone una realidad opuesta. De acuerdo con su testimonio, los agentes encubiertos nunca encendieron sirenas ni se identificaron antes de impactar lateralmente su vehículo Toyota Corolla azul; tras el choque, dio una vuelta en U buscando un punto seguro donde detenerse y jamás existió una persecución pedestre previa a los disparos.

Crece la presión política y social

La indignación comunitaria no tardó en manifestarse. Decenas de activistas y residentes acudieron al lugar de los hechos con banderas de distintas naciones latinoamericanas y pancartas exigiendo la salida inmediata de los operativos de ICE de la ciudad. A las protestas se sumaron voces del liderazgo local: el alcalde de Austin, Kirk Watson, exigió una investigación rigurosa e independiente alegando que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el uso excesivo de la fuerza en sus calles.

Por su parte, el congresista texano Greg Casar demandó la liberación sin dilaciones de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes implicados para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Este caso se añade a una alarmante serie de incidentes armados protagonizados por la agencia migratoria en Texas, reavivando los reclamos en el Congreso sobre la necesidad urgente de transparentar sus protocolos y frenar las tácticas desmedidas contra trabajadores indocumentados y migrantes en proceso de regularización.