En lo que representa la escalada diplomática y jurídica más severa en los 24 años de historia del tribunal de La Haya, el gobierno de Donald Trump formalizó una batería de fuertes sanciones dirigidas a paralizar el funcionamiento operativo de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida, anunciada apenas unas horas después de que la destacada exjueza del organismo, Navi Pillay, fuera distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional, marca un punto de inflexión crítico en el equilibrio del orden judicial transnacional.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión argumentando la protección indeclinable de la soberanía de su nación frente a lo que califica como un tribunal fuera de control que busca enjuiciar a ciudadanos y aliados de Washington. Las medidas prohíben de forma estricta que entidades y empresas bajo jurisdicción estadounidense provean servicios financieros, bancarios y tecnológicos al organismo judicial. Aunque se estableció una ventana de gracia de seis meses para permitir que los países miembros busquen alternativas y paguen cuotas pendientes, la advertencia desde la Casa Blanca fue tajante: o la corte desiste de sus indagatorias o enfrentará su desmantelamiento.

Rechazo en bloque y respaldo al tribunal

La respuesta no tardó en resonar en las principales capitales del mundo. Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió las sanciones acusando a la CPI de ser una entidad politizada, el secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó profundamente el golpe asestado a la justicia penal colectiva. Asimismo, aliados tradicionales de Washington —entre ellos el Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y los Países Bajos, país sede del tribunal— emitieron declaraciones conjuntas ratificando su respaldo incondicional a la institución y manifestando un desacuerdo absoluto con las represalias impuestas.

Por su parte, la corte emitió una enérgica postura institucional, asegurando que no cederá ante amenazas ni presiones que vulneren el estado de derecho. La corte recalcó que ningún funcionario o juez debe ser penalizado por cumplir con el mandato de procesar crímenes de guerra, genocidio y abusos de lesa humanidad en favor de las víctimas más vulnerables del planeta.

El destino incierto de los grandes procesos penales

El alcance de este bloqueo va más allá de un diferendo diplomático; amenaza con colapsar materialmente los procesos en curso. Expertos jurídicos han advertido que el congelamiento de plataformas operativas y proveedores vitales podría forzar, por mandato legal de debido proceso, la liberación de detenidos de alto perfil que esperan juicio o sentencia.

Entre los casos en riesgo se encuentra el del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, recluido en La Haya y acusado por miles de ejecuciones extrajudiciales durante su controvertida estrategia antidrogas, junto a otros exmandatarios y figuras militares de Sudán, Libia y la República Centroafricana. Aunque Washington incluyó licencias temporales para la manutención de las celdas, el estrangulamiento económico del tribunal plantea interrogantes sobre la viabilidad de garantizar juicios justos, abriendo un capítulo de enorme incertidumbre para las víctimas de crímenes internacionales.