El sistema financiero y el tablero político de Paraguay enfrentan su momento más convulso en décadas. Lo que hasta hace pocas semanas se vendía como el mayor caso de éxito de bancarización y modernización tecnológica del país, hoy se ha convertido en un escándalo de proporciones históricas. El Banco Central del Paraguay (BCP) oficializó el proceso de disolución forzosa de Ueno Bank luego de constatar que su índice de solvencia se desplomó a menos de la mitad del mínimo regulatorio exigido, desatando una corrida de indignación social e incertidumbre económica.

La onda expansiva no tardó en golpear directamente al Palacio de López. La Cámara de Diputados somete a consideración la apertura de un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, a quien sectores de la oposición señalan por presunto conflicto de intereses, encubrimiento y por haber facilitado la captación masiva de fondos públicos hacia la entidad fallida. El mandatario recibió una estocada letal desde sus propias filas: el expresidente y líder del gobernante Partido Colorado, Horacio Cartes, anunció que la bancada oficialista respaldará el proceso de destitución bajo el argumento de no encubrir el desfalco de recursos públicos y de los jubilados.

Un ascenso meteórico que culmina en arrestos corporativos

El crecimiento de Ueno Bank desafió cualquier lógica tradicional del mercado. Surgido a partir de la antigua Financiera El Comercio, el banco fue adquirido en 2021 por el Grupo Vázquez y recibió licencia bancaria a finales de 2023. La entidad dio un salto descomunal en 2024 tras absorber a Visión Banco, llegando a reportar una cartera superior a los tres millones de clientes —prácticamente la mitad de la población paraguaya— y manejando millones de transacciones diarias.

Sin embargo, la fachada de prosperidad colapsó de golpe. El Ministerio Público ordenó capturas inmediatas contra la cúpula directiva. Entre los detenidos figura el presidente del conglomerado, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se entregó a las autoridades judiciales, junto al presidente de la entidad bancaria, Juan Manuel Gustale, el vicepresidente Julio Rey Fernández y varios miembros del directorio. Los investigadores indagan la concesión desmedida de créditos a empresas vinculadas a sus propios accionistas sin las debidas garantías de solvencia.

Fondos de jubilaciones y un entramado de puertas giratorias

Uno de los puntos más graves de la acusación reside en el manejo de aproximadamente US$850 millones en recursos estatales que estaban bajo custodia de Ueno Bank al momento de su clausura. Entre este capital figuran dineros críticos del Instituto de Previsión Social (IPS), destinados al pago de pensiones y jubilaciones ciudadanas. El senador opositor Rafael Filizzola calificó el caso como "la estafa desde el poder político más grande de la era democrática", calculando que el agujero patrimonial total podría rozar los US$3.000 millones.

La controversia salpica a Santiago Peña por haber figurado en el pasado reciente como accionista de Ueno Holding, si bien el gobernante asegura que liquidó su participación a inicios de 2025 y niega vínculos directos con la rama bancaria. La desconfianza institucional creció aún más con la dimisión forzada del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, quien antes de asumir la máxima entidad reguladora en 2023 presidió, paradójicamente, la propia financiera Ueno, aprobando su conversión a banco a solo tres meses de tomar posesión.

Clientes en vigilia y auxilio del Fondo de Garantía

Mientras los pasillos del Congreso debaten el destino del Poder Ejecutivo, miles de pequeños ahorristas han escenificado protestas frente a las sucursales intervenidas y en las principales calles de Asunción. El Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir cuentas hasta un tope legal de 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000). No obstante, los depositantes con fondos superiores y los cotizantes de fondos previsionales permanecen en un limbo financiero cuya resolución definirá no solo la estabilidad económica del país, sino el futuro democrático de Paraguay.