El panorama político en Colombia enfrenta momentos de fuerte turbulencia tras desatarse una controversia judicial e institucional que tiene en el centro al expresidente Gustavo Petro. El caso tomó notoriedad a raíz de las declaraciones públicas de Deicy Jiménez, una mujer que sostiene haber obtenido diversos contratos con entidades del Estado luego de haber entablado una relación íntima con el exmandatario, una acusación que ya activó investigaciones formales en distintas instancias judiciales del país sudamericano.

Las denuncias y el rastro de la contratación pública

De acuerdo con la versión ofrecida por Jiménez, el vínculo con el dirigente político comenzó a través de una plataforma de modelaje digital y posteriormente derivó en encuentros presenciales. La denunciante afirmó que, tras su llegada a Bogotá, empezó a beneficiarse de acuerdos de prestación de servicios con entes públicos, llegando a aseverar que existirían decenas de mujeres en esquemas similares, aunque hasta el momento las autoridades no disponen de más testimonios ni elementos probatorios que confirmen una red estructurada.

En los registros oficiales del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) figuran 10 contratos a nombre de Jiménez suscritos entre 2021 y 2026, los cuales suman alrededor de 126.5 millones de pesos colombianos (aproximadamente 38,000 dólares). El primer convenio data de julio de 2021 con el Senado de la República —donde laboró en la oficina de la entonces senadora y aliada política de Petro, María José Pizarro—, mientras que los restantes corresponden a dependencias de la Rama Ejecutiva, como el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asignados durante el periodo presidencial de Petro.

La contraofensiva de Petro y su defensa

Frente al impacto mediático y a la divulgación de videos personales difundidos por Jiménez en redes sociales, Gustavo Petro ha rechazado enérgicamente haber condicionado acuerdos laborales a cambio de favores de índole sexual. El exjefe de Estado calificó la situación como una maniobra orquestada con fines políticos impulsada por sectores opositores vinculados al gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando directamente al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, a quien su equipo jurídico denunció penalmente por presunta fabricación de testimonios.

Petro defendió que su conducta nunca ha estado guiada por el abuso de poder y cuestionó la validez temporal del material audiovisual divulgado, asegurando que las grabaciones corresponden a hechos acaecidos hace años, mucho antes de ostentar la primera magistratura del país. Paralelamente, figuras cercanas a su bancada recalcaron que, aunque las conductas personales deban revisarse, no permitirán una instrumentalización judicial para desacreditar su proyecto político.

El expediente en los estrados judiciales

El alcance de los señalamientos ha obligado la intervención inmediata de los órganos de control y justicia penal. La Fiscalía General de la Nación procedió con peritajes técnicos al teléfono celular de la denunciante para recabar evidencia digital de los chats y videollamadas antes de recibir su testimonio formal.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia ordenó inspeccionar minuciosamente los contratos tramitados en el Congreso, centrándose de manera estricta en determinar si hubo desvío o uso indebido de recursos públicos. Cualquier hecho atribuible a su etapa como presidente en funciones recaerá bajo la competencia de la Comisión de Acusaciones del Congreso, instancia ante la cual legisladores de la bancada opositora ya radicaron denuncias por presunta mala conducta.