Una nueva tragedia en el Canal de la Mona coloca bajo la mira de la justicia internacional las operaciones de tráfico ilícito de migrantes. Tres ciudadanos dominicanos enfrentan un pliego de nueve cargos criminales ante la justicia estadounidense, acusados de coordinar un viaje clandestino en yola que culminó en un aparatoso naufragio con saldo de tres víctimas mortales y un número indeterminado de personas desaparecidas.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 28 de septiembre, cuando la frágil embarcación zozobró en las inmediaciones de la isla de Mona, territorio marítimo puertorriqueño. En medio del operativo de emergencia desplegado por la Guardia Costera de los Estados Unidos y diversas agencias de auxilio, lograron ser rescatadas 49 personas, entre las que figuran tanto dominicanos como haitianos.

Acusaciones de tráfico y actos de violencia extrema

El pliego acusatorio formalizado por las autoridades identifica a los imputados como Máximo Alexander Castillo Cabrera, Víctor Alfonso Montilla Espíritu y Danny de la Rosa Mercedes. A Castillo Cabrera y Montilla Espíritu se les imputa el transporte deliberado de migrantes sin estatus legal hacia territorio estadounidense con fines de lucro económico, además de entrada ilícita.

El caso contra De la Rosa Mercedes presenta agravantes de extrema gravedad. De acuerdo con el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, el imputado habría atacado e intentado agredir a varios tripulantes con un machete mientras navegaban en alta mar. Este brote de violencia a bordo desató el pánico y la inestabilidad de la embarcación, provocando el posterior naufragio.

Posibles condenas de cadena perpetua

El fiscal Ramírez Carbó advirtió que las consecuencias legales para los implicados son severas. Por los cargos de conspiración para el tráfico ilícito con fines de lucro, la legislación federal contempla penas que van desde los tres hasta los diez años de reclusión; sin embargo, al registrarse muertes directas durante el hecho delictivo, los encartados podrían enfrentar penas de cadena perpetua e incluso la pena capital.

Las agencias federales mantienen abierta la línea de investigación para desmantelar la estructura logística detrás de la travesía e identificar a otros posibles cómplices en la planificación de esta fatal expedición ilegal.