En una decisión de alto impacto político y electoral, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde para que los estados utilicen el sistema federal de datos conocido como SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), con el propósito de revisar el estatus de ciudadanía de las personas inscritas en los padrones electorales. El fallo revoca una medida cautelar previa dictada por una corte de menor instancia y representa un espaldarazo significativo para la administración de Donald Trump en su ofensiva por endurecer los controles sobre el voto.

El dictamen emitido por la mayoría del tribunal, que no llevó firma de autor, desestimó los señalamientos de que el Ejecutivo federal hubiese violado normas de privacidad al poner esta herramienta al servicio de auditorías electorales estatales. Los magistrados sostuvieron que el gobierno tiene la obligación legal de colaborar con las autoridades locales que busquen confirmar la elegibilidad de los votantes, aunque recalcaron que estas revisiones deben ser de carácter individualizado para no contravenir las leyes federales que impiden depuraciones masivas a las puertas de las elecciones.

Fuertes discrepancias en el estrado

La determinación no contó con el respaldo unánime del tribunal. Las tres juezas de la corriente liberal expresaron su enérgico rechazo a través de un voto disidente redactado por la magistrada Ketanji Brown Jackson, al cual se adhirieron Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Jackson subrayó que el riesgo real de marginar o despojar indebidamente del sufragio a ciudadanos legítimos supera cualquier perjuicio que pudiera alegar la administración al no poder implementar de inmediato un mecanismo sobre el cual pesan dudas de legalidad.

Previamente, la jueza de distrito Sparkle Sooknanan había ordenado frenar el programa tras acoger los argumentos de organizaciones civiles y defensores del derecho al voto. Los demandantes alegan que la base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no fue diseñada originalmente para este fin y contiene márgenes de error que podrían clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como extranjeros, exponiéndolos a ser eliminados del registro.

Un respiro electoral para los republicanos

El pronunciamiento de la Corte Suprema aporta una victoria clave al sector republicano luego de haber enfrentado recientes reveses judiciales sobre regulaciones al voto por correo y litigios de distritos congresuales. Aunque la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe purgas sistemáticas dentro de los 90 días previos a un proceso electoral, el debate jurídico de fondo sobre el alcance de estas auditorías continuará en los tribunales en los próximos meses.

Por ahora, la administración federal sostiene que corresponde a los estados realizar investigaciones suplementarias antes de remover a cualquier persona del padrón, mientras la comunidad legal y los veedores electorales vigilan de cerca el impacto que esta medida tendrá en la participación ciudadana.