En un evidente retroceso respecto a declaraciones anteriores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación definitiva de los planes para transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan. El expsiquiatra del Ejército fue condenado a la pena capital tras perpetrar en 2009 la matanza más mortífera ocurrida en una base militar estadounidense en tiempos de paz, dejando un saldo de 13 soldados muertos y 32 heridos.

Un giro tras el rechazo generalizado

Trump había expresado inicialmente su respaldo a la controvertida propuesta promovida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien planteó difundir la ejecución como una advertencia ejemplar para el mundo. No obstante, las críticas no tardaron en arreciar dentro y fuera de la administración. Incluso el vicepresidente JD Vance se distanció de la medida, señalando que dudaba de su viabilidad y confirmando que él personalmente no seguiría la transmisión. Ante la presión, el mandatario admitió este jueves que «muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir».

Pese a suspender la difusión televisiva, Trump ratificó que la sentencia sigue inalterable: Hasan morirá fusilado el 3 de diciembre de 2026, marcando la primera ejecución militar de este tipo en Estados Unidos en más de seis décadas. El mandatario precisó que únicamente los familiares de las víctimas tendrán acceso presencial para atestiguar el cumplimiento de la condena, subrayando que «merecen presenciar la justicia».

Cuestionamientos de la defensa

La defensa legal del condenado reaccionó de inmediato a la marcha atrás de la Casa Blanca. John Galligan, representante legal de Hasan, afirmó que el intento de transmitir el ajusticiamiento constituía una insensatez que violaba frontalmente las normativas del propio cuerpo castrense, específicamente el reglamento militar 190-55. Galligan denunció además desinformación en el manejo del caso, recordando que el exmilitar permanece paralizado del pecho hacia abajo desde el día del ataque.

El abogado fustigó la forma en que se ha gestionado el proceso público, calificándolo como un espectáculo innecesario que deja una mancha en el sistema de justicia militar estadounidense, al tiempo que cuestionó por qué administraciones previas no conmutaron la pena por cadena perpetua.

Antecedentes de una tragedia nacional

Los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan irrumpió armado en un centro médico de la base militar de Fort Hood, en Texas, disparando contra tropas desarmadas que aguardaban chequeos médicos previos a ser desplegadas. Durante su consejo de guerra en 2013, el tirador justificó sus acciones argumentando que pretendía proteger a combatientes talibanes en Afganistán.

La normativa militar estadounidense exige una exhaustiva revisión judicial y la firma expresa del mandatario en funciones para llevar a cabo una pena capital. Con la decisión de Trump, el proceso retomará su curso estrictamente reservado, apartando el desenlace del reo de las pantallas públicas en un debate que ha sacudido a la opinión pública internacional.