Una contradicción democrática en el corazón del poder

Cada vez que Estados Unidos celebra comicios legislativos, millones de ciudadanos acuden a las urnas para definir el rumbo político de la nación. Sin embargo, para los cerca de 700,000 habitantes de Washington D.C., el ejercicio del sufragio conlleva una limitación estructural profunda: carecen de senadores y únicamente eligen a un delegado en la Cámara de Representantes, una figura con derecho a debatir e intervenir en comisiones, pero desprovista de voto en las decisiones del pleno legislativo.

Esta situación es calificada por organizaciones civiles y residentes locales como una auténtica anomalía institucional. La población de la capital estadounidense supera en número a la de estados como Wyoming o Vermont, paga rigurosamente impuestos federales y se rige bajo las leyes emanadas del Congreso; aun así, se mantiene bajo la célebre paradoja histórica de "tributación sin representación".

El origen histórico: el recelo de los fundadores

Las raíces de este estatus jurídico se remontan a los albores de la república estadounidense. En 1783, una revuelta de soldados que reclamaban pagos atrasados cercó la sede del Congreso en Filadelfia, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones federales cuando dependen de la protección de un gobierno estatal específico. Para evitar presiones indebidas o privilegios territoriales, los redactores de la Constitución de 1787 establecieron que la sede del Gobierno nacional debía operar bajo la jurisdicción exclusiva del Congreso.

Con este mandato, el Distrito de Columbia fue erigido sobre terrenos cedidos por Maryland y Virginia, junto a las cuencas de los ríos Potomac y Anacostia. Durante décadas, sus habitantes carecieron incluso de derechos electorales básicos. No fue sino hasta 1961, mediante una enmienda constitucional, que obtuvieron tres votos en el Colegio Electoral para las elecciones presidenciales. Posteriormente, en 1973, se aprobó una ley de autogobierno que les permitió elegir a su propio alcalde y concejo municipal, aunque siempre bajo la tutela y el poder de veto del Capitolio.

El pulso por convertirse en el estado número 51

Para la gran mayoría de la población capitalina, estas concesiones parciales resultan insuficientes. La aspiración de convertir a Washington D.C. en el estado número 51 del país cuenta con un respaldo popular contundente: en un referéndum celebrado en 2016, el 85 % de los votantes respaldó la propuesta de otorgar la estatidad a las zonas residenciales de la urbe, preservando únicamente un pequeño perímetro federal en torno a la Casa Blanca, el Capitolio y los monumentos nacionales.

Aunque la Cámara de Representantes dio luz verde a la iniciativa en 2020 y 2021 durante etapas de control demócrata, el proyecto ha encallado de manera reiterada en el Senado. La contienda es fundamentalmente política y partidista: Washington D.C. es un bastión abrumadoramente demócrata, por lo que su eventual conversión en estado garantizaría prácticamente dos nuevos escaños senatoriales para esa bancada. Esta realidad genera el rechazo absoluto de figuras conservadoras y del expresidente Donald Trump, consolidando un punto muerto que perpetúa el estatus subordinado de los votantes de la capital.