La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su firme rechazo a la divulgación de los resultados preliminares de la Evaluación del Desempeño Docente, señalando que presentar cifras fragmentadas no refleja la realidad del sistema y tiende a inducir a la opinión pública a conclusiones equivocadas sobre la labor del magisterio.

De acuerdo con la dirigencia del gremio, el proceso se encuentra inconcluso, ya que todavía 10,141 docentes están pendientes de ser evaluados. Asimismo, precisaron que de los 112,778 maestros que completaron las distintas fases institucionales, unos 3,440 continúan a la espera de sus calificaciones definitivas tras haber interpuesto reclamaciones técnicas sobre sus expedientes.

Cuestionamientos a la narrativa oficial

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, calificó como improcedente emitir juicios concluyentes en este escenario. El dirigente magisterial advirtió que la insistencia en mostrar al sector como deficiente o carente de preparación busca sembrar una percepción negativa infundada y, a su juicio, respondería a intereses económicos orientados a convertir la formación continua en un negocio lucrativo para determinados grupos vinculados al mercado educativo.

"La dignidad del magisterio no puede ser sometida al juicio de estadísticas incompletas ni a campañas que pretendan responsabilizar únicamente a los docentes de los problemas estructurales del sistema educativo dominicano", enfatizó Hidalgo.

Las cifras divulgadas por las autoridades

El informe presentado por el Ministerio de Educación respecto al ciclo evaluativo 2025-2026 arrojó una calificación promedio global de 85.4 puntos al integrar todos sus componentes técnicos.

En cuanto a la distribución por niveles de desempeño:

• 35.7 % alcanzó las categorías de competente o destacado.
• 42.3 % se posicionó en los renglones de bueno o muy bueno.
• 22.0 % fue clasificado en los niveles de regular o insuficiente.

Finalmente, la ADP reiteró su llamado a la prudencia y demandó que las autoridades educativas se abstengan de emitir balances oficiales hasta que el 100 % de los profesionales de las aulas haya sido debidamente evaluado, garantizando un marco de transparencia y respeto a la carrera docente.