ADP responde a Raquel Peña: defiende protestas y exige resolver precariedades en las escuelas

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió de manera directa a los cuestionamientos de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien calificó de «inadmisibles» las recientes huelgas escolares y demandó que los estudiantes permanezcan en las aulas. Desde el gremio docente aseguran que los conflictos en el sistema educativo no se superan condenando las manifestaciones, sino solucionando los problemas de fondo que aquejan a las escuelas públicas y al magisterio nacional.
El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Menegildo De La Rosa, coincidió en que los alumnos deben estar recibiendo el pan de la enseñanza, pero advirtió que la sociedad debe cuestionarse en qué condiciones operan los recintos escolares actualmente. De acuerdo con datos levantados por el propio sindicato, el 70 % de los planteles carece de laboratorios, casi la mitad no cuenta con comedor escolar ni bibliotecas, y más del 82 % de los maestros lidia con una sobrepoblación en las aulas que atenta contra la calidad pedagógica.
Deudas pendientes y reclamos salariales
Más allá de las condiciones de infraestructura, las fricciones entre el magisterio y el Ministerio de Educación (Minerd) se han intensificado por compromisos contractuales pendientes. La ADP mantiene sobre la mesa el reclamo de pagos atrasados e incentivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente, un proceso en el que más de 7,000 maestros continúan a la espera de sus retroactivos y donde cientos de apelaciones superan los 100 días sin ser respondidas, violando el plazo reglamentario de 45 días.
Aunque las autoridades educativas prometieron concluir la entrega de estos beneficios antes de que finalice el año —lo que motivó la suspensión momentánea de una concentración nacional frente al Minerd—, el descontento local se mantiene activo. Las seccionales han convocado marchas, jornadas de brazos caídos y paros en demarcaciones como Azua, Constanza, Cabral, Bonao y Puerto Plata, sumándose a la interrupción registrada previamente en Santiago, donde miles de estudiantes vieron suspendida su rutina escolar.
Un llamado al cumplimiento y al 4 % del PIB
El gremio insistió en que las huelgas no son fruto del capricho sindical, sino el síntoma de acuerdos incumplidos y falta de respuestas oportunas. Asimismo, los educadores demandaron al Congreso Nacional vigilar que el Presupuesto General del Estado mantenga de forma rigurosa la asignación del 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, partida que consideran amenazada en los proyectos actuales.
Para restablecer la paz en las aulas, la dirigencia magisterial exhortó a la vicepresidenta a mediar para que las autoridades del Minerd abran canales de diálogo efectivos y atiendan con premura las carencias de los centros, garantizando que el derecho a la educación se ejerza en condiciones verdaderamente dignas.