En cuestión de días, la sociedad dominicana se ha visto confrontada con dos casos desgarradores que exponen la grave vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes en el país. Aunque ambos procesos avanzan en fases judiciales distintas —uno apenas inicia con medidas de coerción y el otro concluyó con una condena ejemplar de 20 años de prisión—, comparten un común denominador indignante: las víctimas sufrieron agresiones en los entornos que debían garantizarles cuidado y protección absoluta.

Ciberpatrullaje y horror en el Distrito Nacional

El episodio más reciente condujo al arresto de Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, contra quien el Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de prisión preventiva. Las alarmas se encendieron cuando agentes del Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (Policía Cibernética) detectaron publicaciones en la plataforma TikTok, donde el imputado aparecía junto a una niña de apenas un año emitiendo comentarios y conductas de índole sexual.

Tras el hallazgo digital y la inmediata denuncia formal interpuesta por el padre y la abuela materna de la infante, Tejeda Guzmán fue aprehendido en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. El expediente instrumentado en el Distrito Nacional imputa al acusado violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03, marco legal que protege a los menores en el país. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía de abstenerse de compartir o reproducir los videos en redes sociales para preservar la intimidad e integridad de la víctima.

Condena contundente en Valverde: 20 años por violar a su hijastra

De manera paralela, en la provincia de Valverde, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal dictó una sentencia de 20 años de reclusión mayor en contra de Darvin Darien González Colón, hallado culpable de abusar sexualmente y dejar embarazada a su hijastra, una menor de 14 años que padece de parálisis cerebral y discapacidad motora e intelectual.

El litigio encabezado por el fiscal Luis Enrique Taveras demostró que el agresor se aprovechó de la condición física y cognitiva de la adolescente, que le impedía articular una defensa o alertar a sus allegados. Entre las evidencias irrefutables presentadas en juicio resaltó una prueba pericial de ADN que certificó un 99.99 % de compatibilidad biológica entre el procesado y la niña nacida como consecuencia del abuso, quien hoy tiene dos años de edad. Con base en peritajes médicos y testimonios de representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el tribunal ordenó que González Colón cumpla la totalidad de su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago.

El desafío urgente de blindar a la niñez

Ambos expedientes ponen de relieve las múltiples dimensiones en las que se manifiesta la violencia sexual infantil hoy día, desde las amenazas nacidas en el ciberespacio hasta los crímenes silenciados dentro del seno familiar. Al mismo tiempo, evidencian el rol insustituible de la ciencia forense y el ciberpatrullaje policial para que estos crímenes no queden en la impunidad, marcando una clara advertencia de que la sociedad dominicana exige tolerancia cero frente a los agresores de menores.