El constante incremento de las diferencias y copagos médicos que deben desembolsar los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) se ha convertido en una de las mayores presiones financieras para los hogares dominicanos. Informes técnicos recientes, elaborados por especialistas como el doctor Pedro Ramírez Slaibe, proyectan que para este 2026 el gasto de bolsillo de los pacientes superará los 24 mil millones de pesos, una cifra que refleja la urgencia de reajustes profundos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Frente a este escenario, las cabezas de las entidades reguladoras han fijado su posición. El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares Ortega, sostuvo que el organismo mantiene el firme compromiso de aminorar la carga financiera de los usuarios e informó que han solicitado a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) una revisión integral del Plan de Servicios de Salud (PDSS) para incorporar procedimientos de alta demanda y coberturas de vanguardia.

Avances regulatorios y contención de costos

Olivares Ortega recordó que el Consejo ha impulsado resoluciones clave dirigidas a contener el impacto en los afiliados. Entre ellas destaca la Resolución No. 553-02 de septiembre de 2022, que redujo a la mitad el tope de la cuota moderadora variable —bajando el límite de dos a un salario mínimo en eventos críticos como cirugías, cesáreas y hospitalizaciones—, medida que fue ratificada mediante la Resolución No. 581-03 a finales de 2023.

De igual modo, el titular del CNSS subrayó que a través de la Resolución No. 624-02, aprobada en octubre de 2025, se elevó la tarifa reconocida por consultas ambulatorias de RD$500 a RD$750, abarcando atenciones especializadas, psicológicas, odontológicas y psiquiátricas. Dicho incremento fue absorbido de manera directa por el sistema sin trasladar costos suplementarios a los asegurados, buscando fortalecer el primer contacto asistencial.

La DIDA exige régimen de consecuencias y reglas claras

Por su parte, el director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, fue tajante al calificar de injustas las diferencias económicas exigidas fuera de contrato. Báez advirtió que la solución no radica únicamente en aumentar los montos que reciben los médicos, sino en establecer topes rigurosos y aplicar un régimen de consecuencias efectivo a quienes vulneren los acuerdos suscritos con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

"Quien decide formar parte del sistema y recibe los miles de pacientes que este aporta, debe respetar las reglas que aceptó", enfatizó el funcionario, al tiempo que cuestionó la práctica de cobrar una consulta nueva cuando el paciente solo acude a mostrar resultados analíticos. Ante esta distorsión, la DIDA elevó una defensoría colectiva ante la SISALRIL para frenar cobros irregulares, regular las consultas de seguimiento y promover la reactivación del primer nivel de atención, instando a la ciudadanía a exigir sus comprobantes de pago y denunciar los abusos en la facturación.