La reciente iniciativa gubernamental para erradicar el denominado "terrorismo ambiental" en los parques nacionales y reservas ecológicas de la República Dominicana ha encendido el debate entre científicos y defensores de los recursos naturales. Tras la emisión del decreto 615-26, expertos sostienen que la estrategia debe aplicarse con coherencia institucional y empezar, en primer lugar, fiscalizando las autorizaciones y proyectos avalados desde las propias esferas del poder público.

Diversos especialistas sostienen que el verdadero peligro para el patrimonio ecológico no radica exclusivamente en las infracciones menores cometidas por campesinos dominicanos o haitianos en busca de sustento, sino en la permisividad hacia grandes inversiones corporativas que impactan de forma irreversible los ecosistemas sensibles.

Megaproyectos y áreas de amortiguamiento bajo la lupa

Enrique de León, portavoz del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, advierte que existen precedentes alarmantes donde el propio aparato estatal ha facilitado intervenciones de alto impacto en zonas protegidas. Entre los casos más críticos figuran:

• Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo (Azua): Donde la operación de barcazas generadoras de electricidad ha generado severas denuncias por mortandad marina y problemas de salud en las comunidades adyacentes.
• Parque Nacional Manglares de Estero Balsa (Manzanillo, Monte Cristi): Zona donde se autorizó la remoción de más de 500,000 metros cuadrados de bosque seco en el área de amortiguamiento para levantar dos megacentrales de gas natural de 860 megavatios a escasos metros del corazón del humedal.

Para los ambientalistas, estas intervenciones comprometen gravemente el bosque de manglar más extenso de las Antillas y contradicen el espíritu de conservación que proclama el Poder Ejecutivo.

Urgen blindar la gestión ambiental contra presiones políticas

Por su parte, Adolfo José López Belando, integrante de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, aunque valora la intención del decreto, puntualizó que la normativa será letra muerta si no se asignan los recursos económicos y logísticos necesarios para una vigilancia efectiva.

López Belando enfatizó la urgencia de respaldar formalmente a las autoridades del Viceministerio de Áreas Protegidas para resistir las presiones procedentes de legisladores, altos mandos militares y empresarios influyentes. Asimismo, reiteró que la regla de oro para salvaguardar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas radica en prohibir categóricamente desarrollos inmobiliarios, complejos hoteleros, modalidades de glamping o cualquier edificación que altere la integridad del paisaje natural.