En un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico transnacional, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y fiscales del Ministerio Público apresaron en el distrito municipal de Punta Cana, provincia La Altagracia, al ciudadano español Jonathan Yera Pozo, de 41 años, quien era activamente buscado por la justicia de su país por delitos de tráfico de sustancias controladas y lavado de activos.

La detención se ejecutó en el marco de la operación internacional conjunta denominada "Fast Lap", un esfuerzo multilateral que coordinó 38 allanamientos simultáneos en diversos países. Este despliegue contó con la colaboración directa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía Nacional de España, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Red Mundial de Información sobre Drogas (GDIN).

Bienes de lujo, divisas y criptoactivos incautados

Durante la intervención en la residencia y la inspección de vehículos en la zona turística del este del país, las autoridades decomisaron evidencias clave sobre el esquema financiero de la organización:

• Criptomonedas y tecnología: Tres billeteras frías para criptoactivos de la marca Ledger, una computadora portátil MacBook Air, teléfonos celulares y diversas tabletas electrónicas.
• Alta relojería y joyas: Siete relojes de marcas de lujo, entre ellos modelos Rolex, Hublot, Richard Mille y Apple Watch, acompañados de múltiples piezas de joyería.
• Vehículos y dinero en efectivo: Una yipeta Mercedes Benz GLS 580 4Matic, USD$11,500 en efectivo, RD$79,815, así como tarjetas bancarias locales e internacionales, contratos inmobiliarios y títulos de propiedad.

El arresto responde a una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia dominicana, la cual tramita el requerimiento formal de extradición hacia el Reino de España. Las autoridades judiciales de ese país acusan a Yera Pozo de liderar una red criminal dedicada a graves infracciones contra la salud pública y el blanqueo de capitales a escala internacional.

Actualmente, el imputado permanece bajo estricta custodia de los organismos de seguridad del Estado, mientras se completan las fases correspondientes para su entrega y posterior juzgamiento en territorio europeo.