El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, emitirá su veredicto sobre los pedimentos de extinción de la acción penal por cumplimiento del plazo máximo en el caso de supuesta corrupción administrativa denominado Operación Calamar.

El colegiado, encabezado por la jueza Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, adoptó la decisión tras escuchar en audiencia tanto las exposiciones de los representantes del Ministerio Público como las fundamentaciones presentadas por los abogados defensores.

Los argumentos de las defensas técnicas

Diversos imputados, entre los que figuran Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, solicitaron al tribunal dar por extinguida la persecución penal. Las defensas sustentan que el proceso sobrepasó el límite legal improrrogable de cuatro años que contempla la normativa procesal dominicana.

En el caso de Lockward, sus abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón expusieron que las medidas de afectación procesal, como la inmovilización de fondos que data desde febrero de 2022, acumulan más de cuatro años y ocho meses sin que exista un fallo definitivo, por lo que entienden que el tribunal tiene el mandato legal de declarar la extinción, inclusive de oficio.

La contraparte del Ministerio Público

Por el órgano acusador, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, acompañada por el director de Persecución Wilson Camacho, demandó el rechazo absoluto de los incidentes. Ortiz alegó que el cómputo de la extinción no responde a una simple operación matemática ni opera de manera automática, sino que requiere evaluar la razonabilidad del tiempo transcurrido, la complejidad del caso y las maniobras dilatorias atribuidas a las defensas.

La representante del Ministerio Público sustentó su posición en sentencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, las cuales exigen una ponderación minuciosa de las incidencias procesales antes de disponer el cierre de un caso penal de esta magnitud.

Donald Guerrero apela en paralelo

De forma simultánea, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, formalizó un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para procurar también la clausura del expediente en su contra por vencimiento del plazo.

La jurista María del Pilar Zuleta precisó que este recurso busca dejar sin efecto la determinación del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que había rechazado la extinción y enviado a su representado a juicio de fondo. Según Zuleta, el cómputo de la persecución penal hacia Guerrero inició en noviembre de 2020 con la imposición de una alerta migratoria, con lo que ya se habrían rebasado ampliamente los límites legales de duración del proceso.