Caso Giancarlo Tejeda: Las claves del proceso judicial por agresión contra una menor difundido en redes

El sistema judicial dominicano avanza en el proceso contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, a quien el Ministerio Público le imputa delitos de agresión sexual contra una niña de apenas un año de edad. El caso, que ha provocado una profunda indignación social, trascendió a la luz pública luego de que circularan audiovisuales en la plataforma TikTok donde el individuo se exhibía abordando temáticas de índole sexual con la infante en brazos.
Rastreo digital y labores de inteligencia
El expediente tomó curso gracias a las labores de ciberpatrullaje desarrolladas por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Policía Cibernética). Los analistas lograron ubicar el perfil digital que operaba bajo el seudónimo «Carlos Tejeda» y recolectaron evidencias digitales clave.
Estas diligencias se formalizaron a través de un informe técnico remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional, acompañado de soporte audiovisual preservado y capturas de pantalla. Con estos elementos, las autoridades solicitaron las órdenes de arresto y los allanamientos de rigor, asegurando equipos de grabación y dispositivos electrónicos vinculados a los hechos.
La denuncia familiar y el escenario de los hechos
La acción formal ante la justicia se consolidó con el testimonio del padre de la niña, quien reconoció a su hija tras recibir uno de los videos que ya se difundían en redes sociales. De igual modo, los investigadores interrogaron a la abuela materna de la víctima, quien corroboró que los episodios ocurrieron en su vivienda, lugar al que el imputado tenía acceso regular y donde permanecía en contacto con la menor.
Coerción y cargos imputados
Acogiendo la solicitud del órgano persecutor, el magistrado Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Tejeda Guzmán deberá cumplir la disposición en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, ubicado en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público ha tipificado el caso provisionalmente bajo el marco de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología —específicamente en su artículo 24, referido a pornografía infantil—, la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 74-25.
Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no reenviar ni almacenar este tipo de material ilícito, advirtiendo que su divulgación constituye una falta penal sancionable por ley.