El procurador fiscal adjunto y titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reconoció que una sentencia condenatoria contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, no alcanzará a reflejar la dimensión del dolor ni el daño infligido a las familias de las 236 víctimas mortales y los cientos de heridos dejados por el desplome del establecimiento.

Durante la audiencia del juicio de fondo, el magistrado explicó que el proceso judicial se rige bajo las disposiciones del antiguo Código Penal dominicano. Por tal motivo, los márgenes de sanción aplicables están estrictamente condicionados por ese marco legal previo, lo que limita el alcance punitivo frente a una catástrofe de semejante impacto social.

Un marco legal limitado frente a una gran tragedia

Por las propias condiciones de que este es un proceso que se sigue con el viejo Código Penal, una sentencia condenatoria, aun con la pena máxima, no reflejará el daño que han recibido más de 236 familias por las muertes que han dejado estos hechos

Puntualizó Camacho al intervenir ante los medios.

El representante del órgano persecutor enfatizó que, frente a un acontecimiento que conmocionó a toda la sociedad dominicana, la justicia tiene el deber ineludible de aplicar la sanción más severa contemplada en el tipo penal correspondiente. Para el fiscal, imponer la pena máxima es lo mínimo que el sistema judicial puede dictaminar en favor de las víctimas y sus deudos.

Pruebas contundentes y celeridad procesal

El Ministerio Público formalizó la presentación de su acusación y el acervo probatorio con el que busca establecer la responsabilidad penal de los imputados por el colapso del techo del centro nocturno, hecho registrado el 8 de abril de 2025. Camacho sostuvo que el expediente cuenta con el sustento fáctico y técnico suficiente para culminar con una condena contundente.

Asimismo, el funcionario valoró de forma positiva la fluidez con la que ha avanzado el proceso judicial, señalando que la falta de tácticas dilatorias demuestra que el órgano acusador se encuentra plenamente preparado para litigar con agilidad y firmeza en cada una de las audiencias.