El proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de 236 personas, dio un giro determinante este jueves. El magistrado Franny González, titular de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, dispuso la variación de la calificación jurídica contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, abriendo la puerta a que ambos enfrenten penas que oscilan entre los 3 y 20 años de prisión.

Tras la reclasificación legal, el caso pasará formalmente a la jurisdicción de un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Una vez la presidencia del tribunal de primera instancia asigne la sala correspondiente, el juicio de fondo deberá iniciar desde cero bajo este nuevo marco procesal.

Homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual

En la motivación de su dictamen, el magistrado González sostuvo que los elementos presentados por el Ministerio Público sustentan la comisión de delitos dolosos, específicamente homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarias mediante dolo eventual. La decisión responde a las solicitudes elevadas por las partes querellantes y actores civiles que representan a las víctimas y sus familiares.

El tribunal concluyó que los imputados contaban con advertencias documentadas sobre el peligro real e inminente en la estructura del techo del emblemático establecimiento. Según se expuso durante las audiencias, no se trató simplemente de fallas de mantenimiento imprevistas, sino de una decisión consciente de los administradores de continuar operando las actividades nocturnas a pesar del riesgo latente de colapso.

Próximos pasos procesales

Por otro lado, el tribunal desestimó la solicitud de ampliar la acusación hacia supuestas infracciones a las leyes de urbanización y normativas de ingeniería, argumentando la falta de base jurídica y la ausencia de elementos probatorios novedosos que justificaran su inclusión en el expediente.

Con esta decisión judicial, el proceso entra en una fase decisiva en los tribunales colegiados del Distrito Nacional, donde se determinará la responsabilidad penal y civil definitiva de los propietarios del establecimiento ante una de las mayores catástrofes estructurales registradas en la historia reciente del país.