El proceso judicial más impactante de los últimos años en el país entra en su fase decisiva. La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Franny González, dará apertura formal este viernes a partir de las 9:00 de la mañana al juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario a raíz del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set.

La catástrofe, que cobró la vida de 236 personas —incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la velada— y dejó más de 180 heridos, conmocionó a la sociedad dominicana y abrió un profundo debate sobre los estándares de seguridad estructural en centros de entretenimiento. La acusación del Ministerio Público se sustenta en un expediente de 156 páginas que incluye 84 testimonios, además de un amplio compendio de peritajes técnicos y pruebas documentales.

Estructura del proceso y representación legal

Junto a los hermanos Espaillat, figuran como terceros civilmente demandados las razones sociales Inversiones E y L, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L. y Radio Cadena Comercial, S.R.L., así como las ciudadanas Eveline Espaillat y Ana Grecia López.

El juicio contará con un despliegue de alto nivel técnico en el estrado:

• Defensa técnica: Encabezada por los juristas Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
• Ministerio Público: Representado por Wilson Camacho, director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; Héctor Joel García Acevedo, procurador de Corte, junto a un equipo integrado por Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
• Representación de las víctimas: Liderada por los abogados Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jáquez, entre otros.

Ruta procesal y medidas vigentes

El expediente recayó sobre el juez González luego de la inhibición de la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal, quien se apartó del caso debido a un vínculo de amistad estrecha con una de las víctimas mortales.

Previamente, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, dispuso el envío a juicio tras calificar el hecho como homicidio culposo o imprudente, desestimando la tipificación de homicidio voluntario solicitada por parte de los querellantes. En esa misma fase, fueron excluidos del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Actualmente, Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso bajo medidas de coerción consistentes en una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica, ratificadas por la Corte de Apelación tras desestimar los recursos de impugnación.