El proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades por la mayor tragedia en un centro de entretenimiento del país avanza este viernes en los tribunales de la capital. La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional retoma la audiencia de juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados formalmente tras el derrumbe de la discoteca Jet Set ocurrido el 8 de abril de 2025, siniestro que cobró la vida de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.

El juicio, encabezado por el magistrado Franny González Castillo, se desarrolla tras una fase preliminar en la que el juez Raymundo Mejía fijó la imputación como homicidio involuntario, descartando inicialmente la figura de dolo eventual sostenida por parte de la querella. Hasta el momento, el tribunal ha validado la constitución de 42 de los 54 querellantes que respaldan la acusación articulada por el Ministerio Público.

Debate por la calificación jurídica del caso

Pese a la actual tipificación, la parte querellante mantiene la mira en un cambio procesal. El abogado representante de las víctimas, Yan Carlos Martínez Segura, explicó que a medida que se desahoguen y debatan las pruebas en el tribunal, formalizarán la solicitud para que los hechos se juzguen bajo la figura de homicidio voluntario por dolo eventual.

Martínez Segura subrayó que el artículo 327 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia consolidada de la Suprema Corte de Justicia permiten variar la calificación durante el juicio, lo que, de ser aceptado por los jueces, podría derivar en el traslado del proceso a otra jurisdicción de mayor competencia penal.

Medidas de coerción y demandados civiles

Contra Antonio y Maribel Espaillat pesan garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Para garantizar un eventual resarcimiento económico a los familiares de las víctimas y lesionados, la justicia mantiene activa una orden de inmovilización de bienes por 500 millones de pesos.

El expediente también vincula a terceros civilmente demandados en calidad de personas jurídicas y físicas, entre ellas las entidades comerciales Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-02, S.A., así como a Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.