El conocimiento de la medida de coerción contra los 26 encartados en la denominada Operación SeNaSa 2.0-A continuó su curso en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ante el magistrado Rigoberto Sena, la bancada de la defensa técnica desplegó sus argumentos y presupuestos de arraigo, insistiendo de manera reiterada en que los verdaderos responsables del entramado de corrupción no se encuentran sentados en el banquillo de los acusados.

Estrategias encontradas en el banquillo

Durante la extensa jornada, que sumó la comparecencia de al menos 14 abogados defensores al caer la noche, se evidenciaron posturas dispares entre los procesados. Por un lado, el jurista Santos Willy Liriano Mercado, representante de Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, alegó que su clienta fue arrastrada al proceso por una omisión administrativa relacionada con una notificación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). De acuerdo con Liriano, las normativas del Ministerio de Salud Pública establecen que la custodia de los expedientes clínicos recae directamente sobre los centros de salud y no sobre los médicos particulares.

Por otra parte, la vía de la negociación procesal sigue ganando terreno. El abogado Carlos Santana, a cargo de la defensa de Ray Ernesto Mercedes Lugo, confirmó la disposición de su representado para colaborar y pactar con el órgano persecutor. Esta postura surge luego de que el Ministerio Público revelara que al menos diez de los imputados ya han admitido su participación en las maniobras fraudulentas atribuidas a la red.

Cuestionamientos de fondo y pasillos encendidos

El desarrollo del proceso judicial también generó fuertes cuestionamientos sobre el alcance de las pesquisas. Miguel Surum Hernández, quien compareció en representación de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, denunció que la investigación deja fuera a actores fundamentales del sistema de salud. "¿Dónde están las clínicas, los laboratorios y quiénes sustrajeron más de 66,000 millones de pesos que posteriormente terminaron en campañas políticas?", fustigó el togado al reclamar que se profundice en la cadena de mando.

En las inmediaciones de la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado, el ambiente se mantuvo caldeado. Familiares de los imputados apostados en los pasillos hicieron sentir su respaldo con cánticos y reclamos de libertad cada vez que los procesados eran escoltados bajo estrictas medidas de seguridad. Al mismo tiempo, allegados como Laura Matos lamentaron el aparente abandono institucional hacia los médicos imputados, reprochando la ausencia de acompañamiento por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD).

El Ministerio Público mantiene firme su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra el grupo compuesto por excolaboradores de SeNaSa, personal médico y particulares, además de pedir formalmente que el proceso sea declarado de tramitación compleja dada la magnitud del fraude alegado.