Desde las primeras horas de la madrugada de este viernes, el Ministerio Público activó una nueva etapa investigativa vinculada al expediente judicial denominado SeNaSa 2.0. Decenas de profesionales de la medicina fueron objeto de allanamientos simultáneos y posteriormente trasladados a la sede de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en el Distrito Nacional.

El perímetro de la sede judicial amaneció custodiado por un riguroso contingente de la Policía Nacional, mientras diversos abogados defensores han ido llegando en busca de información formal sobre el estatus procesal de sus representados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial y los representantes legales han optado por reservarse los nombres de los galenos y los centros hospitalarios y clínicas donde laboran.

Reclamos de la defensa legal

Entre los togados que acudieron a la procuraduría figura el jurista Ramón Santos, defensor de una médico cirujana, quien explicó que fue notificado vía telefónica cerca de las 5:20 de la madrugada por el cónyuge de la doctora tras ejecutarse su traslado. De igual forma, otro abogado confirmó haber sido contactado a las 5:00 de la mañana luego de que su cliente, un pediatra, fuera apresado en su residencia.

Los profesionales del derecho apostados en el lugar coincidieron en que, debido a las restricciones operativas y el hermetismo reinante, no se les ha permitido establecer comunicación directa con los detenidos.

La estrategia procesal tras SeNaSa 2.0

Esta serie de intervenciones corresponde a una ramificación del proceso que originalmente inició como Operación Cobra, enfocado en desmantelar una presunta red dedicada al desvío de recursos públicos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, había advertido con anterioridad que el volumen y la complejidad del caso obligarían a dividir las acusaciones en múltiples fases. El objetivo de este esquema metodológico es procesar paquetes reducidos de imputados para evitar dilaciones excesivas y garantizar una mayor celeridad al someter los expedientes ante los tribunales.

Historial de medidas cautelares

En la etapa inicial de este proceso judicial, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a un grupo de encartados encabezado por:

• Santiago Hazim
• Rafael Luis Martínez Hazim
• Gustavo Enrique Messina Cruz
• Germán Rafael Robles Quiñones
• Francisco Iván Minaya Pérez
• Ramón Alan Speakler Mateo
• Ada Ledesma Ubiera

En ese mismo dictamen, las imputadas Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y el procesado Eduardo Read Estrella fueron beneficiados con arresto domiciliario. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público formalice las solicitudes de coerción correspondientes a este nuevo bloque de intervenidos.