El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional concluyó la etapa de debates y se reservó el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas contra los 26 procesados en la presunta red desarticulada mediante la Operación Senasa 2.0-A. El magistrado Rigoberto Sena convocó a las partes para el próximo domingo a las 7:00 de la noche, momento en que dará a conocer su veredicto tras agotar los turnos de réplicas y contrarréplicas procesales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por el titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, flexibilizó su petición original de 18 meses de prisión preventiva respecto a un grupo de los señalados. El órgano acusador solicitó arresto domiciliario para nueve de los encartados, argumentando que estos mostraron arrepentimiento, admitieron los hechos y ofrecieron disculpas formales ante el tribunal. Camacho sostuvo que al menos 13 de los implicados admitieron su responsabilidad, lo que a su juicio demuestra la solidez y contundencia de la investigación.

Cuestionamientos de la defensa

La postura del órgano persecutor fue severamente refutada por miembros de la defensa técnica. El jurista Santos Willy Liriano Mercado, representante de Hannah Rachel Rodríguez Almanzar, denunció ante el plenario que las autoridades presionaron indebidamente a varios de los implicados para forzar colaboraciones bajo la amenaza de imponer prisión preventiva.

"Hay nueve personas que posiblemente se van con arresto domiciliario porque el Ministerio Público los obligó a acordar; no fue que llegaron de una manera voluntaria", advirtió Liriano Mercado, criticando que a quienes decidieron no allanarse a las imputaciones se les mantuviera el pedido de privación de libertad en un centro penitenciario y la declaratoria de tramitación compleja.

El expediente judicial vincula a exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y particulares en una presunta estructura fraudulenta en perjuicio de los fondos de la entidad pública. La expectativa jurídica queda ahora en manos del juez Sena, quien determinará el destino procesal inmediato de cada uno de los 26 implicados.