Una prórroga para profundizar la investigación

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la fase preparatoria y presentar la acusación formal en el proceso judicial que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros coimputados por supuestos actos de corrupción administrativa.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud presentada por los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Mirna Ortiz. El tribunal determinó que la petición cumplía estrictamente con los plazos legales y las causales contempladas en el Código Procesal Penal, tomando en cuenta la declaratoria de complejidad del proceso y la necesidad de agotar múltiples diligencias periciales.

Diligencias complejas e informes pendientes

Entre las justificaciones presentadas por el órgano persecutor destacan el análisis técnico de más de 15,000 páginas de documentos incautados en allanamientos —que contienen data sensible de índole médica y financiera—, además del vaciado pericial a dispositivos electrónicos ocupados y las entrevistas pendientes a diversos testigos.

Asimismo, las autoridades esperan por informes técnicos especializados solicitados a entidades reguladoras como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sumados a una auditoría a cargo de la Contraloría de la Procuraduría que requiere cerca de 80 días laborables para completarse. El juez ponderó que estas actuaciones dependen de órganos auxiliares ajenos al Ministerio Público, por lo que el otorgamiento de tiempo complementario resulta indispensable para sustentar los elementos de cargo y descargo con objetividad.

Mantienen prisión preventiva y arresto domiciliario

En la misma audiencia, el tribunal ratificó la medida de prisión preventiva contra los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, al considerar que se mantienen inalterables los presupuestos que justificaron su privación de libertad y que la medida sigue siendo necesaria, proporcional e idónea ante la gravedad de las imputaciones.

El expediente también incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo régimen de arresto domiciliario.

Magnitud del caso

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el entramado habría operado entre 2020 y 2025 desfalcando al Estado dominicano a través del sistema público de salud. Las estimaciones financieras ubican el daño patrimonial inicialmente en más de 15,000 millones de pesos, cifra que pesquisas posteriores han situado por encima de los 19,000 millones de pesos.

El Ministerio Público atribuye a la presunta red ilícita cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, estafa agravada contra el Estado, sobornos, desfalco, lavado de activos y uso de documentos públicos y privados falsificados.