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Caso SeNaSa: Tribunal dispone peritaje médico-legal a empresas vinculadas a Eduardo Read

Publicadomié, 18 nov 2026, 1:01 p. m.
Caso SeNaSa: Tribunal dispone peritaje médico-legal a empresas vinculadas a Eduardo Read

En un nuevo giro procesal dentro de la investigación por presuntas irregularidades administrativas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó la realización de un peritaje médico-legal, técnico, documental y retrospectivo sobre las atenciones brindadas a los afiliados de la entidad estatal a través de la red de Puntos Médicos.

La disposición fue adoptada por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien acogió un pedimento formal elevado por la defensa técnica del empresario imputado Eduardo Read Estrella, coordinada por el jurista Jorge Antonio López Hilario. Con esta medida, el tribunal busca verificar de manera objetiva si los servicios prestados por las razones sociales Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L. se ejecutaron en estricto apego a los contratos suscritos con la aseguradora pública.

Designación de perito y plazos procesales

Para ejecutar la evaluación pericial, el tribunal juramentará al doctor Alejandro Fonseca Granda, profesional de la medicina registrado ante el Colegio Médico Dominicano con el número 56151 y exequátur legal 186-18. La designación del especialista fue sugerida por la parte demandada y no recibió objeción alguna por parte del Ministerio Público.

El tribunal otorgó un plazo perentorio de 30 días calendario, contados a partir de la toma de juramento del perito, para depositar las conclusiones de su experticia. Asimismo, se instruyó a los fiscales actuantes a suministrarle copia íntegra del informe especial CGR-DAF-2025-00024, emitido por la Contraloría General de la República, además de sus respectivos anexos y los registros de afiliados y coberturas evaluadas.

Tutela judicial efectiva

El reclamo de la defensa escaló hasta la sede judicial luego de que el Ministerio Público no emitiera respuesta durante casi cinco meses a una solicitud de diligencia probatoria originalmente tramitada a mediados de año. Ante este silencio, los abogados recurrieron a la facultad prevista en el artículo 290 del Código Procesal Penal, mecanismo que faculta al juez de la instrucción a tutelar el derecho de defensa y la igualdad de armas durante la fase investigativa.

Tras el fallo, el togado López Hilario ponderó positivamente la postura del tribunal, señalando que la decisión salvaguarda el debido proceso y permite que la verdad material sobre las prestaciones médicas quede debidamente documentada en el expediente.

El caso por supuesta corrupción administrativa en SeNaSa vincula también al exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Hazim, así como a los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, entre otros señalados por el órgano acusador.