El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso mantener la medida de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros cuatro implicados en el presunto esquema de corrupción administrativa develado mediante la denominada Operación Cobra.

Junto a Hazim, continuarán recluidos en un recinto penitenciario Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo. Tras evaluar la revisión de las medidas de coerción bajo los estándares de proporcionalidad fijados por el Tribunal Constitucional, el magistrado determinó que no existían presupuestos suficientes para justificar la puesta en libertad de los encartados.

Rechazo a garantías y argumentos de la defensa

En cuanto a Hazim, Messina Cruz y Robles Quiñones, el tribunal concluyó que sus representantes legales no aportaron elementos novedosos que desvirtuaran los motivos que fundamentaron la privación de libertad original.

Por su parte, en los casos de Minaya Pérez y Speakler Mateo, el tribunal desestimó los inmuebles propuestos como garantías económicas. El juzgador recordó que, según el artículo 239 del Código Procesal Penal, los bienes presentados deben estar totalmente libres de gravámenes o hipotecas previas para que el Estado pueda ejecutar eventualmente una fianza efectiva, condición que no se cumplía en ninguno de los expedientes sometidos.

Variación de medida para Rafael Martínez Hazim

El único procesado favorecido en esta etapa fue Rafael Martínez Hazim, a quien el tribunal le sustituyó la reclusión por medidas menos lesivas, ponderando un delicado cuadro médico presentado por su defensa y un grado diferenciado de participación en los hechos investigados. El juez señaló que Martínez Hazim no ostentaba calidad de funcionario público ni formaba parte de la composición accionaria de la empresa ligada al caso, además de contarse con un desistimiento formal de una presunta víctima de estafa.

En consecuencia, se le impuso el pago de una garantía económica de RD$15 millones a través de una compañía aseguradora, arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

Un desfalco superior a los RD$15,000 millones

El expediente presentado por el Ministerio Público sostiene que esta supuesta red societaria y de exfuncionarios defraudó al Estado dominicano con más de RD$15,000 millones mediante maniobras ilícitas dentro del Senasa. Los cargos preliminares abarcan coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, asociación de malhechores, desfalco, falsificación documental y lavado de activos.

El magistrado fijó para el 26 de noviembre de 2026 la lectura íntegra de la decisión, acto procesal a partir del cual comenzarán a correr formalmente los plazos para que las partes puedan interponer los recursos de apelación correspondientes.