Han transcurrido más de cinco años y 1,839 días desde que Erick Daniel Cordero Guzmán cruzó por última vez la puerta de su residencia en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. Aquel martes 17 de agosto de 2021, el joven de 24 años, licenciado en contabilidad y prestamista, salió tras recibir una llamada telefónica prometiendo volver pronto a comer. Desde entonces, su paradero se convirtió en un enigma sin resolver.

Para su madre, Ana Luisa Guzmán Herrera, el dolor permanece intacto. Descrito como un joven trabajador y el pilar de su hogar, Erick dejó atrás a familiares que aún lidian con la incertidumbre. Horas después de su partida, las señales de alarma se encendieron cuando no regresó a casa ni interactuó en plataformas digitales. Poco tiempo después, las autoridades localizaron su vehículo, una yipeta Kia Sportage modelo 2014, totalmente calcinada en las inmediaciones del Batey Palavé.

Pistas ignoradas e inconsistencias en la investigación

A lo largo de estos años, los parientes han aportado diversas pistas obtenidas por cuenta propia: grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a Erick abordando a dos individuos en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, retiros no autorizados de sus tarjetas bancarias en el kilómetro 17 de la misma vía, registros de IP de su teléfono y su computadora personal. Pese a estas pruebas, la familia denuncia una marcada desidia policial.

Ana Luisa Guzmán relató que, ocho meses después del suceso, fue notificada sobre el hallazgo de restos humanos cerca de donde quemaron el automóvil de su hijo para una prueba de ADN; sin embargo, nunca volvieron a contactarla para realizar el cotejo genético. "En un 85% se quedó la investigación y el 15% se lo tragaron", lamenta la madre, quien sospecha de deudores o personas con influencias.

Un flagelo en aumento y trabas institucionales

El caso de Erick Cordero ilustra una problemática estructural en el país. Según registros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), entre 2018 y mediados de 2026 se han acumulado 4,171 reportes de desapariciones, de los cuales 241 expedientes continúan abiertos y sin resolución concluyente. La tendencia anual refleja un notable incremento con el paso de los años.

Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 25-26 para crear el Sistema Nacional "Alertas RD" —que categoriza alertas como Amber, Silver, Azul y Rosa y busca erradicar la exigencia de esperar 24 o 48 horas para formalizar denuncias—, representantes de la sociedad civil afirman que la normativa aún no se aplica con eficacia en los destacamentos.

Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), enfatiza que las familias asumen el desgaste físico, económico y emocional de investigar ante la falta de respuesta estatal. Frente al duelo ambiguo que genera la ausencia sin respuestas, colectivos de apoyo como la iniciativa "A tu lado" ofrecen acompañamiento psicológico a decenas de hogares que se niegan a olvidar a sus seres queridos y exigen justicia.