El sistema penitenciario dominicano atraviesa una crisis estructural que pone en entredicho las garantías básicas de dignidad humana. Al cierre del último año, la población recluida en los recintos carcelarios del país alcanzó las 23,270 personas, rebasando drásticamente la capacidad oficial instalada de apenas 16,357 plazas. Este desfase representa un nivel de ocupación del 142.26%, traduciéndose en un excedente de 6,913 internos que saturan los espacios disponibles.

Los datos fueron presentados por Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), en el marco del informe Condiciones de Detención y Prisión 2025. El documento subraya con alarma que el principal motor detrás de esta asfixia carcelaria es el uso desmedido de las medidas de coerción privativas de libertad. Actualmente, 15,025 reclusos (64.57%) están bajo prisión preventiva, mientras que apenas 8,156 internos (35.43%) cuentan con una condena formal y definitiva.

«La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla», enfatizó Valentín Santos al cuestionar la recurrencia con la que los tribunales recurren al encierro cautelar.

Un día a día marcado por el deterioro y las «goletas»

El informe también detalla la distribución por género en los penales, donde el 96.96% son hombres (22,563) y el 3.04% corresponde a mujeres (707). Más allá de la frialdad de las estadísticas, el impacto cotidiano del hacinamiento es desolador.

Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la institución, expuso la cruda realidad que enfrentan miles de internos debido a la falta de espacio:

• Cientos de privados de libertad duermen directamente en el suelo, en pasillos o debajo de los camarotes.
• Proliferan las estructuras improvisadas conocidas popularmente como «goletas» para ganar centímetros habitables.
• Se registran severas carencias en el suministro de medicamentos, atención en salud mental y raciones de alimentos.
• Persiste una grave escasez de vehículos oficiales para cumplir con los traslados procesales y de emergencias médicas.

Un caso particularmente crítico expuesto en el informe corresponde a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, recinto donde se detectaron altos niveles de insalubridad, filtraciones, humedad, deterioro estructural y presencia constante de plagas.

Transformaciones y proyectos en marcha

Pese al sombrío panorama, el reporte de la Defensa Pública valoró avances orientados a transformar la administración penitenciaria nacional. Entre las medidas destacadas figuran el proceso hacia el cierre técnico definitivo de la emblemática Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado paulatino de internos hacia el moderno complejo de Las Parras.

Asimismo, el organismo reconoció la expansión de programas formativos y educativos para los privados de libertad, la edificación de nuevas infraestructuras carcelarias y las gestiones para levantar un centro especializado de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega.