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Contraloría mantiene abiertas 13 observaciones tras auditoría al Hospital Central de las Fuerzas Armadas

Publicadojue, 19 nov 2026, 8:56 a. m.
Contraloría mantiene abiertas 13 observaciones tras auditoría al Hospital Central de las Fuerzas Armadas

Tras un exhaustivo proceso de revisión y descargos, la Contraloría General de la República (CGR) ratificó 13 de las 23 observaciones preliminares formuladas en su auditoría al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas. La fiscalización, que abarcó las operaciones comprendidas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, dejó al descubierto notorias debilidades de control interno, manejo de inventarios e inobservancias a los procedimientos de contrataciones del Estado.

El dictamen definitivo de la entidad rectora del control público descartó o dio por subsanados 10 de los señalamientos originales luego de recibir la documentación enviada por la dirección del centro médico militar, encabezada por el general de brigada doctor Tomás Rafael Brache Ovalles. No obstante, las explicaciones no bastaron para cerrar más de la mitad de los puntos observados, por lo que la CGR —bajo las firmas del director de Auditoría Interna, Luis Antonio Ramírez; el responsable de Auditoría, Rolando Saldivar; y el subcontralor general, Cecilio Disla— dispuso un plazo improrrogable de 90 días laborables para que el hospital someta un plan de acción correctivo.

Compras directas millonarias y control interno incipiente

Entre los hallazgos que permanecen abiertos destaca la erogación de RD$106.4 millones destinados a raciones alimenticias para pacientes y personal. Los fondos fueron transferidos a una cuenta administrada por el Oficial de Mesa para ejecutar adquisiciones directas, prescindiendo de los procedimientos exigidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Aunque la administración presentó formularios de control de raciones, los auditores determinaron que esto no reemplaza una política de contratación debidamente formalizada.

En cuanto a la gobernanza institucional, la auditoría arrojó que el hospital exhibe una calificación de apenas 3.55 % en la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Asimismo, los manuales de procedimientos, cargos y funciones aún no cuentan con aprobación formal definitiva ni vigencia legalizada.

Farmacia, inventarios y activos sin asegurar

El informe también pone bajo la lupa la gestión física y administrativa de insumos y medicamentos:

  • Discrepancias en almacén: En una muestra de 29 artículos, 15 evidenciaron diferencias entre el registro informático y el conteo físico.
  • Medicamentos y climatización: Persisten deficiencias en la custodia de fármacos de la Farmacia de Emergencia y limitaciones de climatización en el sótano del almacén.
  • Seguros y registro de inmuebles: La edificación principal carece de póliza de seguro contra riesgos de incendios, terremotos o inundaciones, y aún no consta su formalización ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
  • Bienes y contabilidad: Se identificó una discrepancia de RD$7.7 millones entre el Balance General y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), además de RD$7.5 millones en cuentas por pagar de ejercicios anteriores sin evidencia de trámite conclusivo ante el Ministerio de Hacienda.

Puntos subsanados y marco legal exigido

Dentro de los diez puntos que el órgano fiscalizador dio por cerrados figuran la subejecución presupuestaria por RD$113.7 millones —cuyas demoras fueron justificadas en los efectos de la pandemia y retrasos administrativos—, la regularización de la caja chica de RD$100,000, los límites de compensación de combustible usados en operativos médicos y la incorporación de bienes muebles ante la Dirección General de Bienes Nacionales.

El órgano de control enfatizó que, en virtud del artículo 7 de la Ley 10-07 y el Reglamento 491-07, el acatamiento de las disposiciones de control interno es vinculante y de cumplimiento obligatorio para los funcionarios públicos, advirtiendo que su inobservancia acarrea consecuencias administrativas por desacato.