El debate sobre las tácticas implementadas en el combate a la delincuencia ha vuelto a encenderse en la República Dominicana. Diversas voces de la sociedad civil, la salud pública y el ámbito judicial coinciden en una exigencia urgente: detener de forma inmediata la proliferación de los denominados "intercambios de disparos" y reconducir la seguridad ciudadana hacia el marco constitucional, la investigación penal y el debido proceso.

La vida no es potestad policial

El psiquiatra y asesor gubernamental en materia de salud mental, José Miguel Gómez, expresó su enérgico rechazo a que los agentes del orden asuman funciones de verdugos sumarios. Durante su comparecencia en el espacio televisivo D’AGENDA, conducido por el comunicador Héctor Herrera Cabral, el especialista remarcó que las fuerzas policiales no tienen la potestad de decidir sobre la vida ajena, aun reconociendo el legítimo derecho de los uniformados a resguardarse ante agresiones directas.

Para Gómez, la presencia en las calles de individuos con historiales de hasta veinte fichas delictivas evidencia serias debilidades en los mecanismos de prevención e inteligencia judicial. Sostuvo que los delincuentes de alta peligrosidad deben ser interceptados, procesados y confinados en centros de máxima seguridad con planes reales de readaptación. Asimismo, trazó un perfil crudo sobre la delincuencia común: la mayoría son jóvenes menores de 25 años procedentes de hogares fracturados, con deserción escolar temprana, consumo de sustancias ilícitas y fácil acceso a armas de fuego. Respecto a crímenes atroces como el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y el ataque armado contra su esposo, el merenguero Julián Oro Duro, el psiquiatra los catalogó como actos perpetrados por sociópatas carentes de empatía y remordimiento.

Pérdida de inteligencia y quiebre constitucional

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, levantó la voz tras contabilizarse más de 40 bajas en presuntos enfrentamientos armados con patrullas policiales en semanas recientes. Ulloa advirtió que liquidar al sospechoso no solo infringe el derecho constitucional a la vida establecido en el artículo 37 de la Carta Magna, sino que anula valiosa información operativa que estos individuos podrían aportar para desarticular redes mayores de crimen organizado, narcotráfico o tráfico humano.

El titular del organismo defensivo insistió en que el foco de las intervenciones debe trasladarse al sistema penitenciario nacional, donde realmente opera el epicentro de la delincuencia estructurada:

• Fortalecimiento procesal: Exigir que el Ministerio Público arme expedientes robustos para alcanzar condenas ejemplares.
• Control carcelario: Clasificar y segmentar a la población penitenciaria entre reclusos de alta peligrosidad (delitos de sangre y crimen organizado) y transgresores comunes.
• Auxilio judicial: Recordar que el artículo 255 delimita el rol policial como auxiliar del Ministerio Público y protector de la ciudadanía, no como tribunal en el terreno.

Cifras que alarman a los juristas

En sintonía con estas posturas, el Instituto Dominicano de Derecho Penal emitió un llamado perentorio a un "alto al fuego", advirtiendo que los registros oficiales confirman una tendencia preocupante. Durante el primer semestre de 2026, unas 142 personas perdieron la vida bajo la etiqueta de intercambios de disparos, marcando un alza de 16.4 % frente al mismo lapso del año 2025.

El gremio de juristas subrayó además que solo en el mes de septiembre, casi la mitad de los homicidios reportados (45 de 99 casos) fueron catalogados como "acción legal". Recordaron tajantemente que ninguna orden de arresto ni historial delictivo autoriza la anulación de la presunción de inocencia sin una condena emitida por un tribunal competente.