Negativa en destacamento enciende las alertas

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Luis levantó la voz de alarma ante una irregularidad procesal ocurrida en Santo Domingo Este. De acuerdo con Diógenes Ozuna, coordinador de la entidad comunitaria, el destacamento policial de Los Frailes se negó a acoger bajo custodia a dos jóvenes señalados por presuntos actos delictivos, bajo el argumento de que no existía una orden judicial de arresto emitida contra ellos.

Los señalados responden a los nombres de Antonio Manuel Montero, de 24 años, y Héctor Santo Soriano. Sobre ambos recaen múltiples denuncias ciudadanas por presuntos asaltos perpetrados con armas blancas (machetes) en el entorno de la transitada autopista Las Américas.

Evidencias previas y allanamientos sin resolución

Ozuna puntualizó que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) ya disponían de registros audiovisuales donde supuestamente se observa a los jóvenes en plena actividad ilícita, además de que sus residencias habrían sido objeto de varios allanamientos previos. Pese a estos antecedentes, los oficiales de puesto en Los Frailes se limitaron a registrar sus datos personales y tomarles fotografías, para luego devolverlos a sus familiares sin formalizar la recepción ni remitirlos ante el Ministerio Público.

El defensor de derechos humanos cuestionó este accionar y manifestó su preocupación por la integridad física de Montero y Santo Soriano. Advirtió que dejarlos en un limbo extrajudicial, en un contexto donde con frecuencia se reportan muertes de supuestos antisociales en los denominados «intercambios de disparos», pone en grave peligro sus vidas.

Exigen apego estricto a las garantías procesales

El representante de los Derechos Humanos sostuvo que, si las autoridades cuentan con denuncias formales, pruebas en video e investigaciones abiertas, su deber es tramitar las órdenes correspondientes y canalizar el caso por la vía institucional. Dejar a sospechosos en la calle tras ser presentados ante la autoridad no solo vulnera el debido proceso, sino que prolonga la incertidumbre y la desprotección tanto para los acusados como para las comunidades de la zona este que exigen seguridad y justicia.