Lo que debió ser un retorno tranquilo a casa durante el atardecer del pasado Domingo de Resurrección estuvo a punto de convertirse en una tragedia irreparable. En la intersección de las avenidas Leopoldo Navarro y César Nicolás Penson, un automóvil sedán conducido por una ciudadana identificada como Lucía —nombre protegido por seguridad— junto a su hijo menor, fue violentamente embestido por la parte trasera por un Mini Cooper que transitaba a exceso de velocidad. Aunque ambos ocupantes sobrevivieron ilesos por fortuna, el siniestro abrió la caja de Pandora sobre la impunidad, el desorden vial y la dudosa procedencia de miles de matrículas gubernamentales en República Dominicana.

Al descender del vehículo para verificar lo sucedido, la afectada descubrió un cuadro alarmante: el coche impactante era manejado por una joven de 23 años en evidente estado de ebriedad —hecho corroborado posteriormente por el personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1—, sin matrícula a mano, con la licencia de conducir vencida y sin una póliza de seguro vigente. Entre sollozos y el despliegue de las bolsas de aire, la conductora alegó que el automóvil fue un regalo familiar y que su hermano era militar, intentando postergar el reporte oficial. Sin embargo, el detalle más crítico emergió minutos después: el vehículo portaba una placa oficial del Estado dominicano que, según los registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pertenece al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), pero asignada a una unidad totalmente distinta.

Vacíos de supervisión institucional

El caso pone bajo la lupa el destino de las 33,206 placas estatales que figuran activas en la base de datos de la DGII. De acuerdo con el órgano recaudador, una vez estas chapas se asocian en el Registro Nacional de Vehículos de Motor, la responsabilidad del uso y asignación recae de forma exclusiva sobre cada ministerio o dirección gubernamental. Por su parte, la fiscalización en las calles queda en manos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En el caso de Salud Pública, la entidad reporta unas 43 unidades exoneradas y otras 129 en proceso, pero ninguna justificación legal avala que una civil particular transite alcoholizada en un vehículo particular con una chapa asignada a dicha cartera.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades en el lugar únicamente impusieron una contravención por la licencia caducada, omitiendo sanciones inmediatas por la alteración de la placa oficial o la carencia de póliza de seguro, limitándose a la retención preventiva de la unidad. "Ese día mi hijo y yo pudimos ser dos víctimas mortales de esa ilegalidad descarada", cuestionó la afectada ante el evidente trato benevolente brindado en la escena.

Lo que contempla la Ley 63-17 y las cifras del desorden

El marco jurídico dominicano establece sanciones contundentes para este tipo de transgresiones mediante la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Conducir con tasas de alcohol superiores a los límites fijados por ley conlleva multas de cinco a diez salarios mínimos del sector público centralizado, además de la deducción de puntos y la suspensión de la licencia. Entre 2021 y 2025, unas 1,495 personas han sido multadas en el país por manejar bajo los efectos del alcohol y 21 vehículos resultaron incautados bajo esta causal.

Asimismo, transitar sin seguro o sin matrícula válida no solo habilita el remolque forzoso a los centros de retención vehicular, sino que expone a terceros a un desamparo total ante pérdidas materiales o humanas. Durante el último quinquenio, las estadísticas oficiales revelan la imposición de más de 854,000 multas por licencias vencidas o ausentes, y el decomiso de 1,892 vehículos por irregularidades con la matrícula o el uso indebido de placas ajenas. Este episodio reabre el urgente debate sobre el rigor con el que las instituciones del Estado custodian sus bienes y la urgencia de erradicar los privilegios en las vías públicas.