El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, dispuso la imposición de presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000 a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera. Con esta decisión, el tribunal desestimó la solicitud de prisión preventiva que había formulado el Ministerio Público en su contra.

La investigación vincula a la profesional de la salud con el ingreso forzoso de un ingeniero a un centro de salud mental, luego de que este fuera retirado contra su voluntad de las instalaciones de una empresa constructora ubicada en el sector Alma Rosa II. De acuerdo con el expediente acusatorio, la expareja del profesional, Nancy Estervina de Jesús —también imputada en el proceso—, afirmó haber actuado bajo las indicaciones directas de la psiquiatra.

Cuestionamientos de la defensa

El abogado defensor de Quero Cabrera, Jean Cristofer Pérez, arremetió contra la consistencia jurídica del caso, asegurando que el Ministerio Público carece de pruebas fehacientes para sostener el sometimiento.

"El Ministerio Público estaba solicitando prisión preventiva frente a un caso donde no hay un solo elemento de prueba que vincule a la doctora con los hechos imputados", subrayó Pérez. El togado resaltó que la especialista ni siquiera figuraba en una acusación formal presentada previamente sobre este mismo expediente.

Pérez también cuestionó con dureza que la imputación califique a la psiquiatra como cómplice de violencia intrafamiliar: "Quiero que me expliquen si la doctora es familiar de ese paciente para formular semejante acusación. Se está utilizando el testimonio de otra coimputada, emitida bajo arresto y presión, para justificar un sometimiento sin bases sólidas".

Alarma en el gremio médico

El proceso judicial concitó una notable manifestación de apoyo en las afueras de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, donde médicos y especialistas en salud mental se congregaron para expresar su solidaridad con Quero Cabrera. Representantes del sector manifestaron su profunda preocupación por las repercusiones legales que este precedente podría acarrear para el ejercicio de la psiquiatría de emergencia.

La defensa concluyó advirtiendo sobre el impacto institucional de movilizar recursos públicos en procesos de esta índole: "No podemos permitir que la comunidad médica tema aplicar protocolos de emergencia ante pacientes en crisis que requieren una intervención inmediata por miedo a ser penalizados".