El dominicano Bryan Rafael Gómez, conocido popularmente como «Petán», ya se encuentra en suelo nacional bajo custodia legal, luego de que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos concretaran su captura y posterior deportación hacia la República Dominicana.

Gómez era activamente buscado por la justicia dominicana por su presunta vinculación directa en un sangriento hecho ocurrido en marzo de 2021 en el sector de Villa Consuelo, Distrito Nacional. En dicho incidente perdieron la vida los ciudadanos Richy de Jesús Martínez y Catán Rodríguez Tatán, caso por el cual el imputado enfrenta acusaciones formales de asociación de malhechores, homicidio voluntario y tenencia ilícita de armas de fuego.

Un periplo de evasión y fallos judiciales en EE. UU.

El expediente del fugitivo indica que «Petán» ingresó de forma clandestina a los Estados Unidos durante el año 2022 a través del paso fronterizo de Lukeville, Arizona. Para el 24 de enero de 2023, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional emitió formalmente una orden de arresto en su contra, acompañada de una notificación roja de localización y captura internacional a través de la Interpol.

A pesar de este requerimiento, el trayecto de Gómez en suelo norteamericano estuvo marcado por tropiezos procesales. Tras ser detenido por la Policía de Worcester bajo cargos de violencia doméstica, logró salir en libertad tras el pago de una fianza de 500 dólares. Aunque de inmediato fue retenido por los agentes federales de inmigración para iniciar su expulsión, una decisión posterior de la jueza federal Melissa R. DuBose, del Tribunal de Distrito de Rhode Island, admitió una petición de hábeas corpus que le devolvió la libertad transitoria.

Recaptura y extradición final

Aquella polémica liberación activó de inmediato una intensa cacería federal liderada por la oficina de ICE en Boston. Los agentes lograron dar con el paradero de Gómez el pasado 25 de septiembre, procediendo a su formal arresto sin posibilidad de nuevos recursos dilatorios.

Finalmente, las autoridades estadounidenses completaron su entrega a la República Dominicana el pasado 20 de octubre. Ahora, el encartado deberá comparecer ante el sistema judicial del Distrito Nacional para la imposición de medidas de coerción y el inicio del proceso de fondo por los crímenes que se le imputan.