El caso de Ángel Alfredo Nicacio Tejeda, de 35 años, desaparecido desde el pasado 12 de septiembre sin dejar rastro en hospitales, destacamentos policiales ni terminales aéreas, ilustra una dramática realidad que golpea silenciosamente a cientos de hogares dominicanos. Su situación coincide de lleno con la alarmante radiografía presentada en el informe “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, elaborado por el Defensor del Pueblo tras consultar a decenas de familias afectadas entre 2020 y 2025: apenas una de cada diez familias logra conocer el paradero final de su ser querido.

Juventud y vejez: los grupos de mayor vulnerabilidad

Las estadísticas desglosadas en la investigación reflejan patrones preocupantes en el perfil de las víctimas:

• Adultos jóvenes: Tres de cada diez desaparecidos tienen menos de 30 años. El rango de 20 a 29 años concentra la mayor proporción con un 28.1%, seguido por el grupo de 30 a 39 años con un 18.8%.
• Adultos mayores: Representan un 18.8% del total (uno de cada cinco casos), tratándose en su mayoría de personas que padecen afecciones como alzhéimer o demencia.
• Distribución por sexo: Los hombres constituyen la inmensa mayoría de las víctimas con un 71.6%, frente a un 28.4% de mujeres.

Trabas burocráticas y el limbo informativo

Más allá de la angustia que produce la ausencia, los familiares denuncian una severa inercia institucional. El 54.5% de los consultados aseguró no haber recibido información actualizada o encontrarse en un absoluto limbo informativo por parte de los organismos de investigación. El calvario inicia desde el primer momento: el 53% calificó el proceso de denuncia como difícil o muy difícil debido a requisitos excesivos, y en un 19% de los casos las autoridades se negaron directamente a recibirla.

Asimismo, un 31% de los familiares afirmó que las autoridades nunca ejecutaron ninguna acción tras asentarse la denuncia. En cuanto al estatus procesal de las investigaciones, solo el 5.5% de los desaparecidos fue hallado sin vida, un 10.9% de los expedientes terminó archivado y apenas un 23.6% continúa oficialmente bajo investigación activa.

Privatización de la búsqueda y crisis de salud mental

La falta de respuesta estatal ha forzado a los hogares —cuyo ingreso per cápita promedio ronda apenas los 12,806 pesos mensuales— a costear las búsquedas con sus propios recursos. El 62.1% de los consultados indicó no haber sido notificado de operativos oficiales, teniendo que investigar y rastrear pistas por cuenta propia.

Esta situación genera un devastador impacto en la salud mental. El 87% de los parientes manifiesta alteraciones del estado de ánimo derivadas del duelo crónico, el 66% padece dificultades para dormir y un 58.5% vive bajo constante intranquilidad y temor. Pese a este cuadro de angustia prolongada, la mitad de las familias afectadas nunca ha recibido acompañamiento o asistencia psicológica profesional por parte del Estado.