El colectivo ciudadano Unidos Somos Más elevó un llamado enérgico a las autoridades nacionales para que el trazado y desarrollo de la Autopista del Ámbar sea sometido a una rigurosa evaluación de impacto ambiental. De acuerdo con la organización, una infraestructura de tal envergadura no puede sustentarse en la improvisación, sino en estudios técnicos y científicos independientes que determinen con precisión la viabilidad ecológica y las medidas de mitigación requeridas.

La entidad recordó que formalizó una solicitud al Poder Ejecutivo para incorporar a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en los análisis de la obra, apelando a la solvencia técnica y la credibilidad pública de ambas instituciones. Sin embargo, denunciaron que hasta la fecha esta propuesta no ha recibido respuesta concreta ni se ha materializado en las mesas de trabajo del Estado.

Socialización frente a vistas públicas de ley

Desde Unidos Somos Más se enfatizó que el ordenamiento jurídico dominicano establece claramente los mecanismos de gestión socioambiental. En ese sentido, puntualizaron que los encuentros comunitarios realizados recientemente corresponden a simples jornadas informativas o de socialización gubernamental, las cuales no sustituyen bajo ninguna circunstancia a las vistas públicas oficiales contempladas por la ley.

El movimiento subrayó que estas consultas vinculantes solo pueden convocarse una vez que los estudios de impacto ambiental estén totalmente concluidos y validados, fase que, según alertan, ni siquiera ha comenzado formalmente. Por ello, criticaron que se intente proyectar una imagen de consenso acelerado sin contar con el debido soporte técnico.

Urgencia de un marco legal contra la minería

De manera paralela, la organización reiteró su reclamo al Gobierno central y al Congreso Nacional para blindar jurídicamente la Cordillera Septentrional. Aunque el presidente de la República ha manifestado públicamente su compromiso de frenar cualquier explotación en este pulmón ecológico, el colectivo insiste en que las palabras no son suficientes ante futuras presiones extractivistas.

Por esta razón, exigieron la aprobación de una legislación especial que prohíba de forma definitiva la minería metálica en todo el sistema montañoso de la Cordillera Septentrional, garantizando la preservación permanente de sus cuencas hidrográficas, su biodiversidad y la estabilidad ambiental de la región norte.