El debate en torno a la reorganización del tránsito en la República Dominicana ha sumado un respaldo decisivo. Dirigentes de los principales gremios del sector transporte expresaron su total acuerdo con la propuesta de otorgar licencias de conducir y matrículas de forma gratuita a los motociclistas, una medida orientada a reducir los altos índices de siniestralidad vial y dotar al Estado de un control real sobre este parque vehicular.

Aprovechar la base del registro existente

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, subrayó que el país no tiene que partir desde cero para implementar esta regularización. Recordó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) levantó previamente el Registro Nacional de Motocicletas, mecanismo mediante el cual se registraron cerca de un millón de unidades cuyos propietarios recibieron un carnet identificativo que operaba como licencia, aunque gran parte de estos plásticos hoy se encuentra vencida.

Para Almánzar, el reto actual no radica únicamente en regalar documentos, sino en consolidar una política de Estado que garantice la fiscalización y la continuidad del proceso. Señaló además que se mantiene activa una mesa de trabajo integrada por importadores, distribuidores y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para viabilizar la entrega formal de placas a los motores que ya circulan en las calles dominicanas.

Una tregua de un año para eliminar la informalidad

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTU) y vocero de la coalición G-12, William Pérez Figuereo, propuso que el beneficio de la gratuidad se ejecute bajo un régimen temporal de un año. A su criterio, este incentivo motivaría a miles de choferes a regularizar su estatus, disminuyendo drásticamente la impunidad en las vías públicas.

Pérez Figuereo comparó el uso de motocicletas no documentadas con el manejo de "celulares desechables", advirtiendo que la falta de un vínculo legal verificable entre el vehículo y su conductor fomenta la delincuencia y dificulta las investigaciones de tránsito. Asimismo, cuestionó que los comercios locales despachen estas unidades sin exigir permisos de circulación a los compradores, aunque aclaró que la solución no debe ser frenar la importación de motocicletas, ya que representan un motor dinamizador para la economía de los sectores más vulnerables.