Un colectivo de reconocidos abogados formalizó este lunes una querella penal ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de los altos mandos de la Policía Nacional, a raíz de la recurrencia de muertes registradas en supuestos «intercambios de disparos» entre agentes del orden y presuntos infractores de la ley.

Los juristas denunciaron que desde los estamentos de seguridad pública se ha instaurado una suerte de «pena de muerte» de facto en el país, desplazando por completo las garantías del debido proceso y el sistema de justicia ordinario. El togado Valentín Medrano advirtió con firmeza que, de continuar esta práctica bajo cualquier justificación, ningún ciudadano dominicano tendrá garantizado su derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

Acusaciones de manipulación de escenas y ejecuciones extrajudiciales

Por su parte, el abogado Carlos Balcácer responsabilizó directamente al director de la institución del orden, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, de presuntamente inducir a las tropas a cometer homicidios al margen de la ley. Asimismo, Balcácer denunció irregularidades procesales severas en el levantamiento de los hechos.

«La escena del crimen ellos no la están protocolizando; ni siquiera esperan que llegue el médico legista. Si se dieron 200 intercambios, tienen que existir 200 armas y esas armas deben ingresar a una estricta cadena de custodia para determinar su numeración y procedencia», argumentó el profesional del derecho.

Para ilustrar el patrón denunciado, Balcácer citó el suceso registrado el pasado 13 de octubre en el Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional. En dicho incidente, un video de vigilancia captó a Aneury Santiago Cabrera Estévez, apodado «Lucifer», caminando por la vía pública cuando fue interceptado y ultimado por efectivos que descendieron de una patrulla. Según expuso el letrado, tras subir el cuerpo a una camioneta, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) llegaron a bordo de motocicletas para retirar los casquillos y borrar los indicios balísticos.

Mandos señalados y el antecedente ante la PGR

La acción legal individualiza la responsabilidad no solo del director policial, Ernesto Rodríguez, sino también de Alexander Reyes, comandante del Dicrim, y de los agentes de esa misma dependencia Félix Gómez, Domingo Montero y Belén Morel. El expediente cuenta con el respaldo y la firma de los juristas Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra Pérez.

Este sometimiento judicial da cumplimiento al emplazamiento formulado el pasado 12 de octubre frente a la Procuraduría General de la República (PGR). En esa ocasión, el grupo solicitó una indagatoria exhaustiva sobre las ejecuciones masivas y el presunto uso de la denominada «clave 29» a lo interno de la uniformada, advirtiendo que recurrirían a los tribunales si el Ministerio Público no mostraba avances concretos en la fiscalización de las actuaciones policiales.