Con el objetivo de modernizar la estructura de la justicia en la República Dominicana y erradicar prácticas lesivas a la dignidad ciudadana, el magistrado Justiniano Montero presentó su plan estratégico para sus primeros 100 días de gestión. La propuesta se fundamenta en tres ejes prioritarios: la profesionalización administrativa, una profunda reforma legislativa institucional y una regulación estricta para la ejecución de fallos judiciales.

Unificación y actualización de normativas obsoletas

Uno de los puntos medulares del proyecto es someter ante el Congreso Nacional una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Esta iniciativa busca unificar y modernizar cuerpos legales con décadas de rezago, tales como la histórica Ley de Organización Judicial de 1927 y la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

Asimismo, Montero contempla la revisión de la ley del Consejo del Poder Judicial aprobada en 2011, señalando que dicho órgano amerita ajustes para superar deficiencias operativas y responder eficazmente a las demandas contemporáneas del sistema de justicia.

Freno a los abusos en desalojos y embargos

El magistrado fue enfático al denunciar las constantes irregularidades que empañan los procesos de ejecución civil, argumentando que estos procedimientos han derivado en escenarios de vandalismo e inseguridad jurídica. De acuerdo con Montero, las acciones violentas e indecorosas observadas en desalojos y embargos atentan de manera directa contra los derechos fundamentales y la dignidad humana.

Para contrarrestar esta situación, impulsará un proyecto de ley enfocado en regular de forma rigurosa la ejecución de sentencias, apoyándose en el mandato del artículo 148 de la Constitución dominicana y en precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.

Carrera administrativa y estabilidad laboral

En el plano interno, el plan contempla un programa de evaluación para que los colaboradores del Poder Judicial puedan incorporarse formalmente a la carrera administrativa judicial. La intención es garantizar la estabilidad laboral, elevar los niveles de profesionalización y consolidar el compromiso de los servidores judiciales en todo el territorio nacional.