En cuestión de décadas, el Gran Santo Domingo completó una de las mutaciones socioterritoriales más vertiginosas de la región del Caribe. Lo que en sus orígenes fue un recinto amurallado a orillas del río Ozama es hoy una vasta conurbación de más de 3.7 millones de habitantes, concentrando el 35.2% de la población de la República Dominicana y erigiéndose como el corazón económico y político del país. No obstante, esta expansión ha avanzado a un ritmo que pulverizó cualquier intento de ordenamiento territorial: de apenas 14 kilómetros cuadrados de mancha urbana registrados en 1940, la urbe se ha disparado hasta cubrir cerca de 370 kilómetros cuadrados en la actualidad.

Este crecimiento acelerado, impulsado desde los años sesenta por la migración interna y la concentración de inversiones estatales, ha generado un modelo metropolitano dividido. De acuerdo con análisis técnicos gubernamentales, la capital coexiste bajo una dinámica dual: por un lado, una ciudad formal que apuesta al crecimiento vertical con imponentes torres residenciales; y por el otro, una urbe informal y horizontal, levantada mediante autoconstrucción, carente de trazado vial continuo y desprovista de servicios básicos al momento de asentarse.

Servicios que llegan a remolque

El rezago en infraestructura es uno de los síntomas más críticos de este esquema de expansión. Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, ha advertido que el mercado inmobiliario y la autoconstrucción han definido las reglas del juego ante la ausencia de normativas estrictas. Bajo este esquema espontáneo, los habitantes se asientan primero y luego inician una batalla cotidiana para exigir agua potable, tendido eléctrico, escuelas y centros de salud, generando deudas históricas que el Estado difícilmente logra saldar.

Esta realidad queda respaldada por diagnósticos del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). Joan Guerrero, director de Políticas de Viviendas y Hábitat de dicha institución, puntualiza que el 81% del parque habitacional sigue compuesto por casas y que el déficit cualitativo de la vivienda continúa ligado a la precariedad de servicios fundamentales: el 97% de las viviendas en condición de déficit cualitativo carece de agua adecuada y el 19% no dispone de saneamiento básico. Remediar una zona que creció desordenadamente puede llegar a costar hasta el triple de lo que requeriría una urbanización previamente planificada.

Polígono Central y la saturación del subsuelo

En términos demográficos, las presiones alcanzan cifras alarmantes en el Distrito Nacional. Mientras la provincia de Santo Domingo promedia 2,123 habitantes por kilómetro cuadrado, el territorio distrital se comprime con 11,281 habitantes por kilómetro cuadrado en apenas 91 kilómetros cuadrados de superficie.

Esta asfixia espacial ha forzado la verticalización, concentrada principalmente en el polígono central y sectores tradicionales como Gazcue, Piantini y Los Prados. Sin embargo, urbanistas y expertos en planificación estratégica como Jordi Masalles y el doctor Reynaldo Peguero califican la situación como una "bomba de tiempo". El reemplazo de viviendas unifamiliares por torres de 20 y 30 niveles se está ejecutando sobre redes subterráneas de agua y drenaje diseñadas para densidades sustancialmente menores, a lo que se suma un sistema vial estático que no admite ampliaciones.

Paralelamente, la sustitución masiva de suelo natural por asfalto y hormigón ha anulado la capacidad de filtración pluvial, agravando las inundaciones urbanas y elevando las temperaturas locales debido al fenómeno de las islas de calor.

Un riesgo para la salud pública y el hábitat

Las consecuencias de este desarrollo sin brújula van más allá de los embotellamientos vehiculares. Desde la perspectiva de la epidemiología urbana, el incremento del ruido, la pérdida de espacios públicos verdes frente al avance de áreas comerciales y la constante fricción del tránsito están derivando en un deterioro de la salud mental y un alza en patologías cardiovasculares.

Especialistas coinciden en que la solución no radica en frenar la densificación, sino en condicionarla rigurosamente a la capacidad de carga de los servicios y transferir la expansión planificada hacia zonas con potencial, como la circunscripción norte del Distrito Nacional, dotándola primero de tramas viarias y servicios estructurados. Para contener el colapso, el consenso técnico es unánime: los ayuntamientos y las autoridades ambientales deben asumir con urgencia el control del uso del suelo antes de que el costo de intervenir la urbe sea irreversible.