El debate en torno a la recurrente letalidad en las intervenciones de la Policía Nacional ha alcanzado una dimensión pastoral. Ante la constante justificación de muertes de presuntos antisociales bajo la premisa de supuestos enfrentamientos a tiros contra patrullas de la uniformada, la Iglesia católica alzó la voz para demandar un giro urgente en el enfoque de seguridad ciudadana que implementa el Estado dominicano.

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, manifestó su profunda inquietud por la espiral de violencia que cobra la vida de decenas de jóvenes en todo el territorio nacional. La autoridad eclesiástica subrayó que el problema de la delincuencia no se erradica segando vidas humanas, sino implementando políticas de prevención, formación cívica y educación estructural. Asimismo, advirtió que aplaudir estas bajas es una ilusión errónea que no resuelve la raíz del conflicto social que atraviesan cientos de familias en duelo.

Prevención, empleo y freno a la corrupción

Morel Diplán reconoció el peso que estas crisis representan para la administración gubernamental, pero insistió en que la salida no descansa en el fuego cruzado, sino en un plan integral de concientización, generación de plazas de trabajo e inclusión económica. De igual modo, apuntó directamente hacia la descomposición ética en altas esferas sociales: enfatizó que la impunidad y la cultura del enriquecimiento ilícito transmiten un mensaje nocivo a las nuevas generaciones, normalizando la transgresión y debilitando a los referentes morales indispensables para el país.

Cifras policiales y la ola de órdenes judiciales

El escrutinio público hacia el accionar de los agentes del orden se intensificó notablemente tras el deceso de Michael Junior Rodríguez Peguero, alias “Michael Peluche”, vinculado al homicidio del exponente urbano Diddy Glow. En medio de esta coyuntura, la Policía Nacional sostiene que intensifica sus labores de captura, reportando un acumulado de 53,877 órdenes judiciales pendientes, las cuales corresponden a requerimientos formales y no necesariamente a individuos únicos, dado que varios expedientes pueden recaer sobre un mismo sospechoso.

El registro oficial desglosa esta carga procesal en:

• 17,635 órdenes por violencia intrafamiliar.
• 11,587 requerimientos vinculados a robos.
• 5,951 casos de agresiones físicas.
• 4,018 denuncias de agresión sexual.
• 2,761 infracciones por delitos cibernéticos.
• 2,681 órdenes relativas a homicidios.
• 1,630 causas por amenazas.

Entregas voluntarias bajo la sombra de la presión policial

Frente al cerco desplegado en diversas provincias y el temor a desenlaces fatales, la uniformada ha documentado la entrega voluntaria de individuos con requerimientos de la justicia. Entre los casos recientes figuran José Luis Lara (alias “Kimkon”), de 21 años; Ronny Nolasco Ibert (alias “Cañoso”), de 22; y Maiky Contreras García, de 30, quienes optaron por comparecer ante las autoridades en San Juan de la Maguana bajo la custodia de familiares y representantes legales, buscando garantizar su integridad física ante los tribunales.