El ambiente previo a la audiencia de solicitud de medidas de coerción del caso Senasa 2.0-A se tornó tenso este fin de semana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Miembros de la defensa técnica de varios de los encartados externaron su profunda inconformidad ante el requerimiento de que sus clientes comparezcan ante el tribunal vestidos obligatoriamente con polochés de color verde, distintivo asignado a los reclusos bajo detención preventiva.

Los juristas denunciaron que la directriz les fue notificada directamente en el área del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, obligándolos a acudir con urgencia a comercios locales para costear y adquirir las prendas de su propio bolsillo. Varios de los profesionales catalogaron la disposición como un contratiempo innecesario y cuestionaron que la carga logística y económica de dicha indumentaria recayera sobre los representantes legales en lugar de las autoridades penitenciarias correspondientes.

Un expediente de más de 500 páginas

Mientras se ultimaban los detalles de vestimenta y la estrategia de defensa técnica en el área de la cárcel preventiva, el proceso judicial siguió su curso formal. El Ministerio Público depositó formalmente una solicitud de prisión preventiva contra 25 personas implicadas en la presunta estructura criminal desmantelada a través de la Operación Senasa 2.0-A.

El voluminoso expediente acusatorio, que consta de unas 525 páginas, fue formalizado ante el tribunal por los directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

De acuerdo con la tesis del órgano acusador, el grupo —integrado por excolaboradores del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y personas particulares— habría articulado una sofisticada trama destinada a desfalcar fondos estatales mediante la facturación sistemática de consultas, procedimientos y servicios médicos que nunca llegaron a prestarse a los afiliados.